El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Congreso la reprobación de la vicepresidente tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por sus recientes declaraciones contrarias a la separación de poderes.
El pasado 19 de enero de 2023, Ribera realizó unas declaraciones durante una entrevista en el programa de TVE “La Hora de la 1” en las que criticaba la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en relación con el caso “Tsunami Democrático”. Concretamente, las declaraciones de la ministra fueron las siguientes: “Hay que respetar la separación de poderes, incluido el Poder Judicial, a jueces y magistrados. Pero eso no impide que haya personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse hacia un sitio y en un momento oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial«.
En su iniciativa, el GP VOX sostiene que estas declaraciones se realizaron en el “contexto de la campaña orquestada por el actual Gobierno de España para blanquear a los separatistas catalanes que protagonizaron el golpe de Estado de octubre de 2017 y el terrorismo callejero que se vivió antes y después del referéndum para separar a Cataluña del resto de España”.
En este sentido, parte de esta campaña es la proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso que persigue una “inconstitucional amnistía de los golpistas catalanes” y otra serie de actuaciones, que tienen como único objetivo “el apoyo de los grupos separatistas para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno”.
Una de las actuaciones adicionales a la amnistía -explica VOX- apoyadas por los partidos del Gobierno e impulsadas por sus socios separatistas es la de juzgar, desde el propio Congreso de los Diputados a través de comisiones de investigación, decisiones judiciales que no son políticamente favorables a la izquierda y a los separatistas. Esto, asegura, “supone un ataque hacia los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones”.
Hay que recordar que a comienzos de noviembre de 2023, Manuel García Castellón solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial por unas manifestaciones vertidas por el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez en una emisora de radio y por otras de la portavoz del Ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja en una rueda de prensa. Esta solicitud fue admitida a trámite por el CGPJ.
También la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitió a trámite en diciembre de 2013 una querella por prevaricación de Podemos contra el juez García Castellón y el magistrado de refuerzo de dicho juzgado, Gadea, al no apreciarse indicios de delitos de prevaricación, revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir delitos en relación con la reapertura de una investigación a Podemos y a sus líderes por supuesta financiación ilegal.
Por otro lado, la Comisión Permanente del CGPJ emitió un comunicado en noviembre de 2023 mostrando su total rechazo a las acusaciones de judicialización de la política vertidas tanto por el PSOE como por Junts. “Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al ‘lawfare’ contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y, especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan “responsabilidades” derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de ‘lawfare’, nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales”.
En relación con las inadmisibles declaraciones de la ministra Teresa Ribera, la comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 19 de enero de 2024 una declaración institucional en la que denunciaba, entre otras cosas, lo siguiente:
“Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”.
Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos.
Por eso, Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.
Ante la inadmisible campaña del Gobierno y de sus socios separatistas para minar y controlar a los jueces -apunta VOX en su iniciativa-, es imprescindible que otro de los poderes del Estado reconvenga al Gobierno a fin de proteger la democracia y evitar la injerencia entre poderes.
Por todo ello, el GP VOX ha registrado la siguiente proposición no de ley para que el Congreso de los Diputados:
1) “Acuerda reprobar a la vicepresidente tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por sus declaraciones contrarias a la separación de poderes.
2) Insta al Gobierno a que cese inmediatamente en sus ataques y críticas infundadas al Poder Judicial y a sus miembros, respete la separación de poderes y se abstenga en un futuro de realizar maniobras que tiendan a controlar al resto de poderes del Estado, manteniendo la legalidad constitucional”.