El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una proposición no de ley para la protección de las empresas frente a las imposiciones ideológicas que condicionan la recepción de inversiones públicas y privadas.
En esta iniciativa, VOX insta al Gobierno a tomar medidas «para que España deje de condicionar las inversiones empresariales a exigencias ideológicas propias de la izquierda radical» como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, puesto que suponen «la ruina» para el sector productivo español.
Además, VOX señala en su escrito que en las últimas décadas los gobiernos de España «han hecho gala de un seguimiento crítico y muy entusiasta de determinadas agendas que propagan ideologías radicales» que han implantado políticas «de deliberado decrecimiento económico y de reserva del progreso».
Como ejemplo de estos dogmas, la formación de Santiago Abascal destaca el «cambio climático«, fenómeno que los gobiernos y las instituciones supranacionales han utilizado para suscribir tratados internacionales que han implantado numerosas trabas burocráticas que «encarecen de forma ficticia el precio final de la energía», generando un sobreprecio que terminan sufriendo las empresas y el consumidor final.
Otro ejemplo que menciona VOX son los planes de igualad en las empresas a las que imponen estos nuevos dogmas. «Tales condicionamientos netamente ideológicos – sostiene VOX en su proposición – dan la espalda a la realidad de numerosos sectores económicos, en los que hay un porcentaje más elevado de hombres que de mujeres (transporte por carretera, construcción o pesa) o, a la inversa, más mujeres que hombres (medicina, enfermería o magisterio)».
En este sentido, VOX señala que «la libertad de los españoles y la realidad de nuestra sociedad hace que hoy las mujeres tengan una gran presencia o sean mayoría en profesiones históricamente reservadas a hombres», como las Fuerzas Armadas o la Policía, y recalca que «este aumento de proporción femenina es muy anterior a la puesta en marcha de planes de igualdad«.
Asimismo, el GP VOX denuncia que las empresas están obligados a cumplir normas legales como la formulación del Informe de Sostenibilidad, documento impulsado desde Bruselas cuyo objetivo es «medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad». El incumplimiento de este tipo de normas supone una sanción sobre las empresas, como la pérdida de la llamada inversión «ética» que, según VOX, «hace hincapié en una pretendida discriminación racial, de género, acatando y propagando los postulados de lobby LGTBI» sin tener en cuenta el mérito en la contratación y selección de trabajadores y directivos.
Como conclusión, el texto registrado explica que esta exigencia de los poderes públicos a los sectores productivos a «propagar agendas ideológicas concretas, con propósitos muy específicos de ingeniería social» hace que las empresas deban dedicar una gran parte de sus esfuerzos y recursos a labores meramente ideológicas que no generan riqueza, lo que distrae al empresario y al trabajador de sus propósitos fundamentales. Esto, además, acarrea consecuencias como la deslocalización de empresas, el paro, o el éxodo de científicos y profesionales.
Así las cosas, VOX demanda al Gobierno «las modificaciones legales que sean precisas para que España deje de condicionar las inversiones empresariales a exigencias ideológicas propias de la izquierda radical«. Además, pide que se exija a la Unión Europea la adopción de medidas necesarias para desvincular estos dogmas de las ayudas e inversiones incluidas en los fondos ‘Next Generation’.