El portavoz de VOX en la comisión de Hacienda, Víctor González, ha sido el encargado de exponer la Proposición No de Ley de su formación, relativa a la publicación del «esfuerzo fiscal» como indicador «clarísimo y directo» de los impuestos pagados por los ciudadanos.
«Lo que estamos solicitando es que se utilice como referencia el esfuerzo fiscal, no que se excluya la presión fiscal, porque creemos que es una medida que complementa y enriquece el esfuerzo que hacen los españoles al pagar los impuestos para contribuir al estado del bienestar».
El diputado de VOX por Salamanca ha explicado que ante una misma presión fiscal el bienestar de los ciudadanos puede ser muy distinto. «El PIB recoge desde 2014 una serie de elementos que desvirtúan aún más este porcentaje, como son la prostitución, el narcotráfico y el contrabando. Tampoco recoge la economía sumergida que en algunos casos se calcula en torno al 22%. Este PIB nos indica que estamos por debajo de la media europea. Cierto. Ahora tengamos en cuenta el 4% (prostitución, narcotráfico y el contrabando), que vienen a ser los 40.000 millones que se aportan al PIB anualmente por esas partidas».
Asimismo, el diputado de VOX ha comparado los casos de España -la cuarta economía de la OCDE- y Alemania. La reflexión ha sido la siguiente: «un PIB per cápita mayor (Alemania) te puede dar un menor esfuerzo fiscal y un PIB menor (como el español) te da un mayor esfuerzo fiscal».
Por último, Víctor González ha citado los dos primeros apartados del artículo 31 de la Constitución española:
-
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
-
El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
A continuación ha aludido distintas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e interpretaciones del Tribunal Constitucional, por lo que ha concluido que «vendría muy bien» la publicación de ese índice de presión fiscal y que fuese objeto de estudio y aporte para las políticas económicas que aporten los gobiernos sucesivamente.