El Grupo Parlamentario VOX ha vuelto a registrar una batería de preguntas acerca del asesinato del niño de 9 años de Lardero (La Rioja) presuntamente a manos de un hombre que estaba en libertad condicional desde abril de 2020 tras cumplir una condena por asesinato.
A raíz del caso Lardero se ha conocido públicamente una serie de prácticas reprobables por parte del Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha estado concediendo incentivos salariales de hasta 2.000 euros a los Directores de Centros Penitenciarios por otorgar el tercer grado a presos, un beneficio penitenciario del que disfrutaba el detenido por el crimen de Lardero.
Los propios funcionarios de prisiones han denunciado públicamente las presiones que están recibiendo por parte del Ministerio de Interior y, en concreto, de la secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para cumplir con las cifras de excarcelación de reclusos bajo la amenaza de traslado a destinos más duros.
Asimismo, el Secretario General de prisiones, Ángel Luis Ortiz, en una reunión celebrada en octubre de 2020 y en la que estaba presente el Ministro del Interior, conminó a los directores de los diferentes centros penitenciarios que estaban presentes a “sacar más terceros grados”. Como señala la denuncia de los funcionarios de prisiones, «Madrid nos presiona para excarcelar, igual que ha pasado con los etarras», según han publicado distintos medios de comunicación.
Esta política de incentivación de concesión del tercer grado de los presos, que hemos conocido estos últimos días en relación con el caso Lardero, es un ejemplo más de las políticas de cesión del Gobierno a las exigencias de sus aliados políticos de Bildu, herederos políticos de la banda terrorista ETA.
Los efectos del pacto entre el Ejecutivo y los proetarras se han ido agravando desde el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Tras el acuerdo, se produjo el acercamiento de cinco presos de ETA a prisiones vascas. Posteriormente, se han ido sucediendo más acercamientos, muchos de los cuales, a pesar de estar condenados por delitos de sangre, no han cumplido el requisito de arrepentimiento. El pasado mes de abril ya se habían producido el acercamiento de 181 presos de ETA.
La semana pasada, en el marco de las negociaciones para apoyar los PGE para 2022, conocíamos la última exigencia de los proetarras para votar a favor: la excarcelación de 200 presos de ETA. Cabe subrayar que si el Gobierno cediera a esta medida sería manifiestamente inconstitucional, por contravenir el artículo 62. i) de la Constitución.
Sin embargo, una forma de conseguir este objetivo, o más bien, esta exigencia de los partidarios de ETA, sería incentivar la excarcelación de todo tipo de presos.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario VOX ha registrado las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno:
1.- ¿Cuáles son las razones y los motivos que justifican la política penitenciaria aplicada por el Gobierno, a través del Ministerio del Interior y, concretamente, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para pagar un plus de productividad a los directores de cárceles por conceder a los presos el tercer grado?
2.- ¿Cuántos incentivos salariales se han concedido a Directores de Centros Penitenciarios por la concesión de tercer grado a presos durante la presente Legislatura? Señalar la relación de la aplicación de dicho plus de productividad a los directores de cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
3.- ¿Tienen conocimiento el Gobierno de si el Ministerio de Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras, ha concedido pluses de productividad a los directores de prisiones por conceder a los presos etarras el tercer grado, como en el caso del presunto asesino de Lardero?
4.- En caso afirmativo, ¿Cuántos incentivos salariales se han concedido a Directores de Centros Penitenciarios por la concesión de tercer grado a presos etarras durante la presente Legislatura? Señalar la relación de la aplicación de dicho plus de productividad a los directores de cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
5.- La política penitenciaria practicada con los presos etarras, ¿se está haciendo extensiva a otro tipo de presos?
6- ¿Qué protocolos de comunicación respecto de los trámites de progresión a segundo o tercer grado y permisos penitenciarios, realiza el director del centro penitenciario?
Asimismo, el GP VOX ha registrado una solicitud de datos exigiendo una copia de la orden de servicios emitida desde el Ministerio del Interior en la que se indican los porcentajes de concesiones de terceros grados para acceder a determinados incentivos salariales en los centros penitenciarios que accedan a tales concesiones.
A continuación, adjuntamos el link con la batería de iniciativas registrada por el GP VOX el pasado martes: