El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una proposición no de ley en defensa del principio de la caja única de la Seguridad Social, para su debate y votación en la comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La Seguridad Social es una de las mayores expresiones de la igualdad entre los españoles. Su ley de Bases de 28 de diciembre de 1963 implantó un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, cuyos principios fueron posteriormente recogidos en el texto articulado de 1966.
En el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece como principios fundamentales de la acción protectora del sistema de Seguridad Social la universalidad, la unidad, la solidaridad y la igualdad.
La Constitución Española deja claro en su artículo 149 la competencia exclusiva del Estado en materia de “legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social”. En varias ocasiones el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido, tal y como ha quedado acreditado en la Sentencia 124/1989, de 7 de julio que deja claro que el designio perseguido con el acantonamiento del ‘régimen económico’, no ha sido otro, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de ‘un régimen público’, es decir, único y unitario de Seguridad Social.
Sin embargo, la Seguridad Social no ha escapado de la reciente labor de destrucción del orden constitucional que viene realizando el Tribunal Constitucional a través de su respaldo a las medidas derivadas de los pactos con separatistas de los sucesivos gobiernos, en especial de los últimos compuestos por socialistas y comunistas. Esto ha quedado plasmado en la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que cede la competencia para la gestión de esta prestación no contributiva a las regiones con régimen económico especial.
Concretamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/2024, de 31 de enero de 2024, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad planteado por los diputados del GP VOX en el Congreso contra esa disposición adicional quinta de la citada ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Pese a todo lo anterior, la nueva doctrina del Tribunal Constitucional no puede separarse de la deriva que este órgano constitucional de importancia fundamental ha adoptado, particularmente, desde que está presidido por Cándido Conde-Pumpido. Desde que en diciembre de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados consiguieron el control del TC que ha validado todas las medidas ideológicas de la izquierda en casos como la sentencia sobre la ley del aborto o de la eutanasia.
En la iniciativa se recuerda que la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social se han unido para advertir que la citada Sentencia 19/2024 supone abrir las puertas “de par en par” a que se pueda transferir a las Comunidades Autónomas la gestión de otras prestaciones y del régimen económico de la Seguridad Social, acabando por tanto con la caja única que da sentido a todo el sistema.
Los diputados firmantes señalan que el Grupo Parlamentario VOX ya advirtió de que la cesión del IMV a las comunidades de régimen foral suponía un ataque a la configuración de la Seguridad Social, a la viabilidad del propio sistema y a la igualdad de todos los españoles.
Por todo ello, la formación de Santiago Abascal exige que se pongan en marcha las siguientes medidas con el fin de garantizar la igualdad de los españoles y el sistema de la Seguridad Social:
–Preservar el principio de caja única de la Seguridad Social como garantía del sistema público de pensiones.
–Garantizar los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad que establece el artículo segundo de la Ley General de la Seguridad Social.
–Repudiar los pactos que atentan contra los principios más básicos del Sistema de Seguridad Social, y que lesionan la igualdad y la solidaridad entre los españoles.
-Impulsar una modificación legislativa que tenga por objeto la supresión de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
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