El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley relativa a promover las medidas pertinentes para acabar con el adoctrinamiento en los colegios, con especial atención en los libros de texto y material educativo.
En una acción coordinada desde todas las instituciones donde VOX tiene representación, la formaión recuerda que el derecho a la educación está “íntimamente ligado a la dignidad humana” y que está protegido por diversas normas, empezando por la propia Constitución Española, que además de garantizar el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, impone en su artículo 27.5 a los poderes públicos el deber de velar por este derecho “mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
En esta línea, la proposición de VOX destaca “el derecho de los padres de elegir el tipo de educación que reciben sus hijos en función de sus propias convicciones”, pues se trata de un derecho que “se impone como límite a los poderes públicos, que por tanto están sujetos a una prohibición constitucional de imponer su ideología en centros educativos”. Así, el artículo 27.3 de la Constitución señala que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
En definitiva, -asegura VOX- los poderes públicos deben velar por que los españoles puedan disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad, que sea un verdadero ascensor social para los jóvenes y un elemento de cohesión nacional, y que proteja la libertad de los padres de escoger la educación que prefieren para sus hijos.
Sin embargo, la realidad es que el Estado socava el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos con una fuerte carga ideológica, en parte, por la cesión de competencias educativas a las comunidades autónomas. Así lo denuncia la proposición del partido de Abascal. “En los últimos años se han producido en España situaciones en las que los poderes públicos, en los ámbitos nacional y regional, han diseñado políticas educativas que socavan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos educativos claramente ideológicos”. Todo este supone, advierte VOX, que “en muchos casos, los contenidos chocan abiertamente con las convicciones de los padres, ya sean morales, políticas o religiosas”.
Para entender el contexto VOX pone el foco en la última ley educativa, la ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que supone la eliminación de los conciertos educativos para los colegios de educación diferenciada o la promoción de una educación afectivo-sexual que incluye, sostiene la iniciativa, “una fuerte carga ideológica”.
Asimismo, hay que recordar que el Gobierno impulsó durante la pasada legislatura una avalancha de leyes ideológicas que ahondan en el adoctrinamiento. Es el caso de la ley para la igualdad de trato y la no discriminación, la ley del sólo sí es sí, la de memoria democrática o la ley trans. Todas estas normas, advierte VOX, “han implantado de forma absolutamente abusiva y desproporcionada la exigencia de incorporar al sistema educativo las consignas ideológicas de los partidos que aprobaron las leyes respectivas”. Una conducta, añade la proposición no de ley, que es “una extralimitación inadmisible por parte del legislador, que se ha llevado a cabo en flagrante violación de los derechos de los padres”.
El adoctrinamiento en las aulas se ha producido, en parte, por culpa de las administraciones regionales. El caso más evidente es la imposición de las lenguas cooficiales o los contenidos en la asignatura de historia desde hace décadas. Para VOX, esto supone “una desigualdad entre españoles en función del territorio en el que residan y un arma que tienen gobiernos regionales de corte separatista para dividir y diferenciar a los españoles para lograr sus objetivos”.
VOX responde a este ataque a la igualdad y la libertad educativa recordando la obligación de las administraciones educativas de “ofrecer y garantizar un sistema educativo de calidad”, algo que “es incompatible con la imposición ideológica desarrollada a través de la aprobación de distintas leyes que empapan la enseñanza cada vez con mayor frecuencia”.
Por otro lado, la propuesta de VOX reconoce que “la función educadora que asumen las instituciones debe guiarse por el principio de colaboración con los padres, salvaguardando en todo caso la libertad de las familias”. Y ello es compatible -añade la iniciativa- con que los poderes públicos intervengan en el sistema educativo, eso sí, “sin olvidar en ningún caso que el papel principal en la educación de los hijos corresponde a los padres, y manteniendo siempre el activismo ideológico antiacadémico fuera de las aulas y de los libros de texto”.
Por todo ello, el GP VOX ha registrado la presente proposición no de ley en la que pide al Congreso que inste al Gobierno a:
- Asumir el compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos y de garantizar de este modo el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución española.
- Poner fin de manera inmediata, a través de la actuación de la Alta Inspección Educativa, a cualquier intento de adoctrinamiento ideológico sobre los menores en las aulas. Adoptar, así, las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento, de modo que no implique un perjuicio económico para las familias.
- Impulsar las modificaciones legislativas necesarias (incluidas las de carácter penal) con objeto de prohibir los contenidos y materiales educativos que puedan afectar a la inocencia de los menores y corromper sus personas en la sensible etapa de su formación.
- Promover las modificaciones legales necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la Educación de todos los españoles en igualdad de condiciones, garantizando la neutralidad ideológica del Estado y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.