La diputada de VOX por Murcia y portavoz en la comisión Constitucional, Lourdes Méndez, ha defendido la proposición de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, cuya toma en consideración se ha debatido este martes en el pleno del Congreso, con el fin de que «se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad, para todas las leyes de carácter orgánico, y la obligatoriedad de que se resuelva en un tiempo limitado».
Así, Méndez ha recordado que este recurso previo «desapareció durante el Gobierno de Felipe González porque era un obstáculo para la aprobación y ejecución de diversas leyes», como es el caso de la del CGPJ o la de educación. «La reforma que planteamos es una de regeneración institucional para reestablecer una condición básica del Estado de derecho. Esta reforma es necesaria, pero no es suficiente dada la corrupción política actual de este tribunal».
La ausencia de este recurso -ha explicado la diputada- «ha tenido unas consecuencias irreparables» y ha puesto como ejemplo la ley de plazos o la ley del estatuto catalán, «que dio lugar al salvaje proceso independentista y que determinó, cuando ya era tarde, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad, tan sólo para los estatutos de autonomía». De este modo, «se hubiera evitado el procés, y los perjuicios irreparables de la ley de plazos (más de 100.000 abortos al año) porque en aquel momento no se hubiera declarado constitucional como ahora», ya que «todos los informes eran contrarios, entre ellos el del ministerio fiscal o el del Consejo de Estado, pero la traición del PP y la inactividad del TC a lo largo de 13 años sin dictar una sentencia, hizo que se normalizara una conducta ignominiosa como ésta y por la función pedagógica que tienen las leyes, ha provocado un perverso cambio de mentalidad y que ha culminado con una sentencia del TC y que crea ex novo un derecho: el derecho al aborto«. Y todo ello, «en contra de la doctrina del propio Tribunal, que afirma el deber inexcusable del Estado de proteger al no nacido: el matar a un ser humano no puede ser un derecho». Luego, ha añadido: «Ahora, con un TC asaltado descaradamente por el Gobierno, la izquierda neomarxista ha conseguido uno de sus principales objetivos : subvertir el valor supremo en el que se asienta nuestro orden constitucional, el valor supremo de la vida, por una cultura de muerte».
«Y esta barbaridad aún se agrava más con la sentencia anunciada la pasada semana de declarar constitucional la ley que permite abortar a las menores sin el consentimiento de sus padres. ¿Cómo va a ser constitucional la desprotección absoluta del nasciturus? Porque, además se elimina todo tipo de información, las ayudas, las alternativas, el periodo de reflexión, ese consentimiento en ningún caso puede ser libre, y a la mujer embarazada con dificultades se le deja en un estado de absoluta vulnerabilidad». A continuación, Méndez ha señalado que además de ser inconstitucional, esta ley es «de una tremenda crueldad» y ha añadido que no entiende cómo el PP, que en lugar de derogar la ley de plazos cuando debía haberlo hecho, «tanto énfasis hizo para reformarla con el tema del consentimiento de los padres para abortar y ahora ni siquiera han sido capaces de interponer un recurso a esta ley», ha asegurado.
Asimismo, la diputada por Murcia ha explicado que en la actualidad la ley de amnistía también habría sido objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad, ya que «no está previsto en la constitución, quiebra el principio de igualdad, y la intocabilidad de las sentencias» y «en el ámbito de los poderes públicos, lo que no está permitido expresamente, no está permitido. Sólo pueden hacer lo que la constitución dice que pueden hacer». Por tanto, «la Constitución prohíbe expresamente el indulto generalizado. ¿Cómo no va a prohibir la amnistía?».
En realidad, muchas otras leyes habrían sido objeto de recurso previo de inconstitucionalidad, casi todas las que el GP VOX recurrió ante el TC la pasada legislatura. Es el caso de la ley de eutanasia, la ley Herodes, la de despenalización contra quienes rezan ante clínicas abortivas, la de memoria histórica o la del aborto. «A pesar de que todas ellas vulneran principios, valores y derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución, algunas ya han sido declaradas constitucionales, excepto los decretos del estado de alarma con recurso del GP VOX, pero todavía no estaba de presidente Conde-Pumpido». En resumen, -ha insistido Méndez- el TC «ha convalidado todos los desmanes, se ha realizado un ataque desmedido a nuestra Constitución por aquel tribunal que tiene el deber de garantizar su cumplimiento«. Y es que «el TC, en la actualidad, no solo tergiversa la Constitución al interpretarla, sino que se ha convertido en legislador constituyente creando ex novo derecho como el del aborto, o mandatando lo que no puede ser ley.
«Invade el poder legislativo, pero además, también invade el poder judicial, se ha convertido en la tercera cámara de las cortes, y en un tribunal de casación del tribunal Supremo, en un órgano de última instancia para revocar las sentencias en función de la agenda ideológica y política de Sánchez«. Es evidente, ha explicado la diputada de VOX, por el recurso de amparo interpuesto por Magdalena Álvarez en relación a las sentencias de los ERES. «Se produce un daño institucional difícilmente reparable al anular las sentencias dictadas en el mayor caso de corrupción conocido en España«.
Por último, Lourdes Méndez ha explicado que «no es suficiente la recuperación del recurso previo de constitucionalidad», pues «lo sería si hubiera un juego normal de las instituciones y unas garantías adecuadas, pero no es así lamentablemente». Para la diputada de VOX, «la deriva de España viene fundamentalmente de la deriva del Tribunal Constitucional, que ha dado como resultado la defunción del Estado de derecho. Por eso, debería reformarse la propia naturaleza del tribunal y, por supuesto, la forma de elegir a sus magistrados, y quizás una solución adecuada podría ser la creación de una sala en el Tribunal Supremo para garantizar su cumplimiento y así estaría sometido al control del orden jurisdiccional. Quizás fuera una sensata solución. Nosotros seguiremos insistiendo para lograr la integridad de las instituciones», ha concluido.