Rocío de Meer

VOX propone un modelo común de atención temprana en toda España que amplíe la cobertura a niños mayores de 6 años

El Grupo Parlamentario VOX ha presentado una proposición no de ley relativa a la promoción de un modelo común de atención temprana en toda España. Se trata de una acción conjunta impulsada por VOX en todos los parlamentos donde tiene representación.

En su iniciativa, VOX propone la ampliación de la garantía del servicio de atención temprana a los niños mayores de seis años en los casos en que, existiendo situaciones que pudieran afectar a los menores con carácter permanente, el facultativo, especialista o pediatra lo estimen oportuno.

Asimismo, VOX incluye en su proposición no de ley la puesta en marcha de centros de atención infantil temprana (CAIT) en aquellas provincias en que haya escasez o ausencia de estos, de modo que se garantice un servicio de atención temprana de calidad en todas las regiones de España.

Por otro lado, VOX recuerda que la figura de la atención temprana es una institución imprescindible en el ámbito de la educación especial. Prueba de ello son los estudios e informes realizados tanto en el marco europeo como en el marco estatal (de entre los que cabe destacar el Libro Blanco de la atención temprana). Estos estudios “ponen de manifiesto el desarrollo de un concepto de AT en el que la salud, la educación y los servicios sociales se involucran e interrelacionan para ofrecer una acción integral en las intervenciones que, aún centradas primordialmente en el menor, no solo dan cabida, igualmente, a las necesidades de la familia y su entorno, sino que insisten en poner sobre ella el enfoque y la centralidad”.

Uno de los factores a tener en cuenta es que el marco regulatorio estatal en materia de atención temprana choca con la cesión de competencias autonómicas en materia de asistencia social y sanidad del artículo 148 de la Constitución Española. VOX pone de manifiesto que existen “17 modelos de atención temprana dispares configurados por las leyes, decretos, órdenes y demás normativa vigente en cada comunidad autónoma”.

De esta manera VOX denuncia que, como es habitual en el sistema autonómico, “la principal consecuencia de esta realidad normativa y organizativa es la de un desigual acceso de los españoles a la atención primaria por razón de la región en que habitan”. Esto, en la práctica, puede traducirse en que muchos niños con necesidades especiales y sus familias no gocen del acceso a la AT en sus primeros años de vida. “Consideramos que este fenómeno reviste especial gravedad, puesto que priva a nuestros colectivos más vulnerables y a sus familias de la capacidad para hacer frente a las alteraciones infantiles del desarrollo o el riesgo de padecerlas”, sostiene el GP VOX.

Precisamente, esto ha motivado que el GP VOX plasme su compromiso de defender “la promoción de un acceso a los servicios de AT en iguales condiciones para todos -como consecuencia inmediata del principio constitucional de la igualdad-, y la protección de los españoles más vulnerables, independientemente de la región en la que residan”.

Así, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana habla de “alcanzar una regulación legal que sirva de modelo común, que posteriormente se desarrolle y adapte a las singularidades de cada comunidad autónoma”. Una demanda que, además, cuenta con el respaldo de la sociedad civil.

Un segundo problema, añadido al de la desigualdad territorial o falta de un modelo común de atención temprana, es el de la limitación de la edad de los beneficiarios de este servicio. En las legislaciones vigentes en España, a los seis años los menores dejan de poder disfrutar de la AT, y en ese momento se les remite a la educación obligatoria que, en la mayor parte de los casos, no es capaz de brindar el apoyo extra que necesitan en materia fisioterapéutica, logopédica, etc. La conclusión es evidente: las familias que pueden costearse una continuación, por la vía privada, de los apoyos que integraban el servicio de AT de sus hijos, podrán prestarles a estos una mayor ayuda para su desarrollo.

Sin embargo, como denuncia VOX, “aquellas otras familias que no puedan hacer frente a tal sobrecoste, verán reducidas las posibilidades de sus hijos de una forma inexorable”. El citado informe de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de atención temprana, refiere, respecto de “la red de Centros de Desarrollo Infantil y atención temprana”, el propósito de que “proporcionen la prestación en toda España, sin distinción de edades o población a proteger”.

Para paliar esta situación, VOX alude al artículo 149 de la Constitución, que reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de “regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” y “bases y coordinación general de la sanidad”.

Por ello, el GP VOX ha registrado la siguiente proposición no de ley en la que pide al Congreso que inste al Gobierno a promover urgentemente el desarrollo de un modelo común de atención temprana en toda España que garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los derechos que la ley les reconoce, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. En concreto, VOX incluye en su iniciativa:

  1. La ampliación de la garantía del servicio de Atención Temprana a los niños mayores de seis años en los casos en que, existiendo situaciones que pudieran afectar a los menores con carácter permanente, el facultativo, especialista o pediatra lo estimen oportuno.
  1. El establecimiento de un sistema común de valoración de la necesidad de la atención temprana.
  1. La promoción de la puesta en marcha de centros de atención infantil temprana (CAIT) en aquellas provincias en que haya escasez o ausencia de estos, de modo que se garantice un servicio de atención temprana de calidad en todas las regiones de España.
  1. El diseño de un protocolo de detección precoz y apoyo a las familias con miembros necesitados de atención temprana.
  1. Fomentar la garantía de una disponibilidad de recursos destinados a mantener, mejorar y transformar estos servicios y su acceso universal en los presupuestos generales del Estado.