El diputado de VOX y miembro de la Comisión de Justicia, José María Sánchez, junto con el
portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros y la portavoz adjunta Macarena Olona,
han registrado en el Congreso una Proposición No de Ley relativa a las órdenes europeas de
detención emitidas por España y no ejecutadas por el Reino de Bélgica.
El pasado 7 de enero de 2021 el Tribunal de apelación de Bruselas desestimaba el recurso del
Ministerio Fiscal de Bélgica contra la no ejecución de la orden europea de detención emitida por
España contra Lluis Puig por delitos relacionados con el golpe de Estado del separatismo catalán
en octubre de 2017. Una euroorden sin ejecutar, como sin ejecutar está la orden dirigida contra el
expresidente Puigdemont, ‘salvado’ por la decisión de Schleswig-Holstein (Alemania), en julio de
2018. ¿Qué debe hacer España ante estos casos? ¿Cómo debe reaccionar cuando un estado
miembro de la Unión Europea impide la prosecución del enjuiciamiento criminal de un acusado de
delitos de desobediencia y apropiación indebida de fondos públicos, en el caso de Puig, o un
acusado de rebelión en el caso de Puigdemont?
“La gravedad de los hechos –explican los representantes de VOX- por los que se investiga al señor
Puig, relativa a la crisis constitucional de mayor alcance habida en España desde 1978 (y aún no
concluida), exige que España demande a Bélgica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por infracción del Derecho de la Unión Europea”. “Y lo mismo –añade VOX en su escrito debe hacer España de denegar la jurisdicción belga la ejecución de la euro orden emitida contra
Puigdemont, investigado penalmente en España”.
Así, VOX reclama al Gobierno, no sólo la denuncia al Reino de Bélgica, ante la Comisión Europea,
sino que si la Comisión no requiere a Bélgica el cumplimiento de sus obligaciones como estado
miembro, promueva procedimiento de infracción contra el Reino de Bélgica ante el Tribunal
Superior de Justicia de la UE.
‘El sentido de la euroorden’
En la exposición de motivos, se recuerda que la decisión marco de la UE reguladora de la euro
orden invoca el objetivo de que la UE llegue a ser un espacio común de libertad, seguridad y
justicia, en el que la extradición entre los Estados miembros sea sustituida por un sistema de
entrega entre autoridades judiciales. La existencia de la euroorden se funda en un grado de
confianza elevado entre los Estados miembros de la UE.