En Madrid, a 2 de febrero de 2024 –
El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica de “representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres” que se publicó el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Se trata de un proyecto de ley que dice tener por objeto “la realización efectiva de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres”. Sin embargo, asegura el GP VOX, se trata de una iniciativa que “traerá consigo muchos perjuicios para España y los españoles” ya que es profundamente ideológica.
Con arreglo a criterios de igualitarismo (querer que hombres y mujeres sean idénticos, y confundir igualdad en derechos con identidad), el proyecto de ley orgánica modifica un buen número de normas para proponer dos medidas: en primer lugar, un principio de composición paritaria (50% hombres-50% mujeres, alternados, según el modelo de “listas cremallera”) aplicable a las candidaturas de elecciones al Congreso, Senado, municipales, CCAA… así como la composición de todos los órganos constitucionales (TC, Consejo de Estado, CGPJ…).
Y, en segundo lugar, un principio de composición equilibrada (como mínimo, presencial del 40% del sexo menos representado) aplicable a ministerios, vicepresidencias, órganos directivos de la AGE, directivos de las entidades del sector público institucional estatal, consejo de administración y puestos de alta dirección de sociedades cotizadas, tribunales y jurados que entreguen premios de financiación o concesión pública.
Ante esta situación, VOX asegura que la intención del Gobierno con esta ley no es más que ahondar en su “tendencia de aprovecharse torcidamente de las instituciones y de las leyes para avanzar en un propósito nivelador que responde a cuestiones meramente ideológicas y, por tanto, en nada mejora la igualdad real entre los españoles”.
Así, VOX expone que el texto va en contra del principio de igualdad que la Constitución Española defiende en su artículo 1.1 y 9.2. Asimismo, también vulnera la Constitución en sus artículos 14 y 23.2 sobre el derecho a la igualdad entre todos los españoles y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
“La igualdad ante la ley de todos los españoles debe entenderse en un doble sentido: igualdad en el contenido de la ley e igualdad en la aplicación de la ley, según lo ha reiterado el Tribunal Constitucional”, añade VOX para denunciar que la ley defendida por el Ejecutivo no cumple con los requisitos de doctrina constitucional.
Además, el menoscabo a los principios de mérito y capacidad también resulta evidente en el texto. Se impide de facto que “las personas sean elegidas o nombradas en función de sus méritos o, lo que es lo mismo, se excluye a personas cualificadas únicamente por razón de su sexo”.
De este modo, los artículos 103.3 y 23.2 de la Constitución también quedan vulnerados ya que regulan principios “que encuentran su justificación no solo en razones de justicia sino también en la necesidad de optimizar el funcionamiento de la Administración Pública dotada con los mejores profesionales posibles”.
Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Gobierno no se queda ahí, sino que también supone un verdadero ataque a la libertad de asociación, ideológica y de expresión recogidas en los artículos 22, 16 y 20 de la Constitución. De este modo, se limita la libertad de constituir libremente una asociación y fijar sus normas para regular su organización. La libertad ideológica se acota de igual modo pues la norma supone una merma en el derecho de crear un esquema de pensamiento sin que los poderes públicos puedan inferir en él. Finalmente, ataca la libertad de expresión ya que impide que cualquier ciudadano pueda comunicar pensamientos, ideas u opiniones.
Del mismo modo, el GP VOX sostiene que la libertad de empresa y la estabilidad laboral y económica se ponen en serio riesgo. Así, el Gobierno pretende regular órganos de dirección privados que, según la CNMV, podrían optar por salir a cotización en mercados extranjeros en vez de preferir el mercado español.
La CEOE también expresó sus reservas sobre el texto ya que su aplicación en el ámbito empresarial podría llegar a suponer un aumento de despidos en aquellas compañías o entidades que tengan que ejecutar los preceptos de la ley.
Además, en conjunción con la habitual visión del Gobierno de Sánchez, la norma incentiva la existencia de “una actitud paternalista” con las mujeres pues se defiende la existencia de cuotas para que las mujeres puedan alcanzar puestos de responsabilidad negando así la valía y meritocracia de estas y fomentando la percepción de las mismas como “individuos vulnerables”.
En definitiva, asegura VOX, la norma no busca alcanzar una reivindicación justa ni mejorar la vida de los españoles, sino que supone un perjuicio por el empleo de un sistema de cupos que, en aplicación del principio de composición equilibrada anteriormente mencionado, en el que se podría optar por un hombre para ocupar un puesto directivo en vez de por una mujer “haciendo abstracción de su valía por el mero hecho de su sexo”.