Pepa Millán

VOX señala al Gobierno como actor principal de supuestos casos de corrupción y exige el fortalecimiento de la credibilidad de las administraciones públicas

• Reclama el cese de la ministra de Hacienda, como máxima responsable de la contratación del Estado, por dejación de funciones en el control de los contratos públicos, con el resultado de millones de euros perdidos en comisiones y suministros defectuosos que no han servido para proteger a los españoles. • Asegura que el caso Koldo "no es más que la punta del iceberg de lo que debería denominarse caso PSOE".

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una proposición no de ley para para solicitar medidas para perseguir el fraude y luchar contra la corrupción para su discusión en la comisión de Hacienda y Función Pública

La formación sostiene que el Gobierno de Sánchez se ha convertido en “actor principal de supuestos casos de corrupción” dentro de lo que los medios de comunicación han denominado caso Koldo, que no es más que “la punta del iceberg de lo que debería denominarse caso PSOE”.

Sin embargo, esto no supone una novedad en la larga trayectoria de casos de corrupción relacionados con distintos gobiernos de España: el caso GAL, el caso Roldán, el caso ERE o el caso Isofotón, en el que la empresa de la cual la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, era directora general recibió cuantiosas subvenciones.

VOX apunta que el “actual Gobierno, mayoritariamente socialista, de nuevo se ve involucrado en un tremendo caso de corrupción. Un asesor del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, en plena pandemia, se habría lucrado a través de comisiones, del tráfico de influencias y, en definitiva, del robo de millones de euros con los contratos de emergencia  para la adquisición de equipos de protección individual”.

Por ello, el partido denuncia que donde “no hay ninguna duda es en el papel del Gobierno como actor principal de los supuestos casos de corrupción” dados los informes y respuestas aportados por diferentes instituciones estatales. Como Puertos del Estado, que recientemente ha cesado a su secretario General por los contratos adjudicados, concretamente por el investigado por la Oficina Nacional de Investigación Tributaria.

El GP VOX también aporta información que señala al exministro Ábalos como responsable de la supuesta trama tal y como se constató en una respuesta por escrito a una pregunta del GP VOX: “El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha encomendado a ADIF la adquisición de 5.000.000 de mascarillas FFP2 por un presupuesto estimado de 12.500.000 euros (IVA no incluido). El suministro ha sido encargado a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.U”.

Además, VOX afirma: “La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda emitió el 22 de febrero de 2022 la Guía de aplicación de medidas antifraude en la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia  del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que no ha servido tampoco para detectar todas las irregularidades que están siendo afloradas , en parte, por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”.

A todo ello se le añaden los escándalos de tráfico de influencias que están surgiendo a cuenta de las operaciones de asistencia financiera por parte del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado a través del artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cuya máxima responsable es la ministra de Hacienda. Cabe destacar que el Gobierno no ha respondido a decenas de preguntas y solicitudes de información de diputados de este Grupo Parlamentario en estos años acogiéndose al artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020”, continúa.

Por todo ello, el GP VOX exige al Congreso a que inste al Gobierno a:

  1. Impulsar las medidas necesarias para recuperar y fortalecer la credibilidad de las administraciones públicas en aras de proteger a los españoles de más subidas de impuestos ante el derroche y la corrupción presente.
  2. Promover el cese de la ministra de Hacienda, como máxima responsable de la contratación del Estado, por dejación de funciones en el control de los contratos públicos, con el resultado de millones de euros perdidos en comisiones y suministros defectuosos que no han servido para proteger a los españoles.
  3. Realizar, en coordinación de la IGAE con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), una auditoria de todos los contratos de emergencia celebrados durante los Estados de Alarma. En este sentido, toda la información recabada por la IGAE y la DGRCC será remitida al Tribunal de Cuentas para un informe de fiscalización.
  4. Realizar una revisión de la efectividad de la contratación centralizada como instrumento de ahorro para el erario, de tal forma que se consiga una mejora de la eficiencia para la racionalización del sector público y la reducción de la presión fiscal que sufren los españoles.
  5. Promover la derogación del artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo y que ha servido como el escudo del Gobierno para no dar cuenta de ninguna información relativa al FASEE.