En Madrid, a 31 de enero de 2023–
El Grupo Parlamentario VOX advierte desde hace años de la amenaza que suponen la invasión migratoria, la creciente islamización de España y la radicalización yihadista, consecuencia de las políticas buenistas y de fronteras abiertas practicadas desde los distintos gobiernos en las últimas décadas.
El atentado islamista de la pasada semana en Algeciras es un claro y trágico ejemplo de que esas advertencias no iban nada desencaminadas. Atentado islamita cometido en suelo español: un hombre, el sacristán Diego Valencia, brutalmente asesinado al grito de “Alá es grande” y otras cuatro personas gravemente heridas. Una atrocidad que no es nueva en España ni en Europa. España, como objetivo prioritario y lugar de llegada masiva e indiscriminada de terroristas islámicos, se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista o, lo que es lo mismo, en alto riesgo de sufrir atentados.
ADVERTENCIAS DESOÍDAS
VOX lleva años advirtiendo de que el islamismo es incompatible con Occidente y de que la progresiva islamización de España tiene graves consecuencias que pagan los españoles honrados. Los barrios más humildes son especialmente golpeados por esta lacra debido a que la llegada masiva de inmigración ilegal genera problemas de violencia e inseguridad convirtiendo así a la seguridad en un privilegio al alcance sólo de unos pocos.
Y mientras VOX pedía en al Congreso -en Pleno y en Comisión, una y otra vez- que el Gobierno incluyera la inmigración ilegal como asunto de interés de la Seguridad Nacional, los mismos que hoy guardan minutos de silencio por el sacristán asesinado en Algeciras votaban en contra de la propuesta de VOX al grito de xenófobos y alarmistas.
Así, nadie se responsabiliza hoy de que el responsable del atentado yihadista, un marroquí con orden de expulsión pendiente de ejecución desde junio de 2022, estuviera en suelo español, listo para asesinar.
Vale la pena recordar que de las 42.597 ordenes de expulsión dictadas en 2021 sólo se ejecutaron 3.594, un 8%, según datos del Gobierno. De los 3.594 expulsados, la mitad estaba en prisión o tenía problemas con la Justicia.
Hoy, con un muerto más engrosando la lista de víctimas del terrorismo, VOX reclama de nuevo lo que lleva pidiendo tanto tiempo:
–Que el Gobierno cese en su política de fomento de la inmigración, especialmente la procedente de países de cultura islámica.
-La adopción de políticas que frenen la islamización de España, así como el fin de la promoción de esta cultura, incompatible con la civilización cristiana occidental.
-El refuerzo de la protección de las fronteras para evitar la entrada de inmigrantes ilegales y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todos los medios humanos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
-La eliminación de todas las ayudas económicas que favorecen la inmigración ilegal por el efecto llamada que generan.
-La exigencia, en el seno de la Unión Europea, de la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin al efecto llamada de la inmigración ilegal, en especial la procedente de países musulmanes, así como asignar recursos para frenar la expansión de culturas incompatibles con nuestros principios históricos, sociales y culturales.
-La inclusión de la crisis migratoria y la amenaza yihadista como asunto de interés para la seguridad nacional.
-Que los españoles puedan decidir en referéndum si quieren políticas de puertas abiertas o si, por el contrario, prefieren una política de control de fronteras que garantice una inmigración legal, controlada y adaptada a las necesidades de nuestra nación.
Estas iniciativas y medidas han sido fuertemente criticadas y rechazas por el resto de los partidos de la Cámara, desde Bildu hasta el PP, tal y como ocurrió en el pleno del Congreso el 18 de mayo de 2022 y el 23 de junio de 2022 cuando VOX propuso que la crisis migratoria y la amenaza yihadista como una cuestión de seguridad nacional y que se tomasen medidas que frenen la avalancha de inmigración ilegal a España.