El Grupo Parlamentario VOX registró hace unos meses dos proposiciones de ley que tenían como principal objetivo la simplificación de los tramos de IRPF y la bonificación del 100% de la cuota de aquellos autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al SMI. Ambas iniciativas fueron vetadas por el Gobierno esgrimiendo argumentos similares a los utilizados contra otras iniciativas de VOX como la propuesta de ley ELA: que la iniciativa costaba mucho dinero.
Ante esta situación, la formación de Santiago Abascal ha presentado dos iniciativas similares en forma de proposiciones no de ley para sortear el veto del Gobierno y poner en el centro del debate político algo que va en el ADN de la formación que es la bajada de impuestos y la protección de los españoles frente al infierno fiscal al que los somete Pedro Sánchez.
Autónomos
La iniciativa de VOX para la protección de los trabajadores autónomos recuerda que nunca en España ha habido tantos autónomos como ahora: 3.364.938 en total. Sin embargo y pese a su importancia, “se trata de un colectivo frecuentemente denostado y olvidado en las políticas públicas”. Los datos hablan por sí solos: más del 75% de los autónomos en España no tiene ningún asalariado a su cargo y los que sí tienen trabajadores contratados, la mayoría tiene entre uno y cuatro (20,6%).
La PNL registrada por VOX tiene dos objetivos fundamentales: proteger a los autónomos y aliviar su carga fiscal. Entre las medidas más destacadas está la bonificación del 100% de la cuota a aquellos autónomos cuyos ingresos reales no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.
Hay que tener en cuenta que de los tres millones de autónomos que hay en España, dos millones cobran por debajo del SMI. De estos últimos, 1,45 millones (casi la mitad del total del colectivo) obtuvieron unos rendimientos inferiores a 700 euros al mes. Dicho de otro modo, dos de cada tres trabajadores por cuenta propia ganan menos por su actividad de lo que estarían obligados a pagar por ley a sus empleados, en el caso de que los tuvieran.
De este modo, VOX propone en materia de IVA, para favorecer la liquidez de los autónomos, habilitar la posibilidad de que, en caso de estar pendiente de una devolución de IVA por parte de Hacienda, pueda aplazarse el pago de otra liquidación posterior sin ningún tipo de interés hasta el momento de la recepción efectiva de los fondos.
En segundo lugar, VOX propone extender a seis meses el plazo que tiene el contribuyente para hacer efectivo el pago a Hacienda tras la presentación de la declaración de la renta y/o del IVA. Es decir, se iguala el plazo de pago del contribuyente al plazo de devolución del que dispone Hacienda, que asciende a seis meses sin intereses. “Los ciudadanos deben disponer de los mismos beneficios que la Administración, máxime teniendo en cuenta la posición ventajista de esta última”, recoge la iniciativa.
Todo ello tendrá un impacto en la recaudación: dos millones de autónomos dejarían de pagar la cuota que actualmente les corresponde. “Estimamos que exonerar del pago de la cuota a los autónomos cuyos ingresos netos no llegan al SMI puede producir una caída en la recaudación de la Seguridad Social de unos 6.250 millones de euros”, reconoce VOX, que añade que la recaudación neta por cotizaciones sociales del RETA fue de 11.655,2 millones de euros en 2023, por lo que la propuesta produciría una merma de más del 50% de dichos ingresos.
Sin embargo, dicha medida también generaría un efecto positivo en la economía sumergida al provocar un afloramiento de la misma, es decir, de aquellos autónomos a quienes no les compensa estar dados de alta para lo poco que facturan. “Asumiendo una economía sumergida del 15,8%, y teniendo en cuenta que los autónomos conforman el 16% del total de los trabajadores, estimamos que la economía sumergida correspondiente a los autónomos rondaría los 37.000 millones”.
Además, VOX apunta que realizar esta reforma “implicará tener que reducir los gastos superfluos, ideológicos e improductivos que han ido estableciéndose por gobiernos de uno y otro signo político”.
En este sentido, el Estado concede subvenciones directas por más de 30.000 millones de euros (a los 29.000 millones habría que sumar aquellas cuyo importe es inferior a 100.000 euros). En consecuencia, VOX propone modificar la ley General de Subvenciones para que los beneficiarios de las mismas sean, en todo caso, nacionales.
Además, las entidades públicas empresariales, en su gran mayoría chiringuitos del Gobierno, reciben un total de 6.790 millones de euros en subvenciones. Por ejemplo:
Red.es: 1.930 millones de euros.
RTVE: 1.120 millones de euros.
RENFE: 1.560 millones de euros.
IDAE: 196 millones de euros.
En definitiva, VOX pretende con esta proposición de ley de protección de los trabajadores autónomos “optimizar el gasto público para que los españoles puedan tener los mismos o mejores servicios públicos, pero teniendo más dinero, que es suyo, en sus propios bolsillos”, ya que “no falta dinero, sino que sobran formas de malgastarlo”.
Simplificación del IRPF
Con el fin de aliviar la presión fiscal que sufren las familias españolas, el GP VOX propone en su proposición no de ley una simplificación del IRPF que tenga las siguientes características:
- Un tipo único reducido del 15% a aplicar sobre bases imponibles inferiores a 70.000 euros.
- Un tipo ordinario del 25% a aplicar sobre bases imponibles superiores a 70.000 euros.
- Un mínimo personal de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo con independencia de tener uno o dos pagadores.
- Reducción en cuatro puntos por hijo en los tipos impositivos, es decir, una familia con cuatro hijos no tributará en el IRPF si las rentas son inferiores a 70.000 euros y pagará sólo un 9% si sus rentas son superiores a 70.000 euros.
La formación de Santiago Abascal es consciente de que esta drástica reforma lleva aparejada una considerable reducción en la recaudación por dicho concepto y se estima que estas medidas producirían una caída del 30% de la recaudación en el tramo estatal. Es decir, una merma de hasta 20.000 millones de euros.
Sin embargo, existen decenas de duplicidades políticas y administrativas ineficientes. Según el Instituto de Estudios Económicos, los desembolsos del sector público podrían reducirse en 60.000 millones adoptando mejores prácticas de gestión, sin que ello suponga una merma en la calidad de los servicios prestados. Y eso es lo que busca VOX, “optimizar el gasto público para que los españoles puedan tener los mismos o mejores servicios públicos, pero teniendo más dinero, que es suyo, en sus propios bolsillos. No falta dinero, sino que sobran formas de malgastarlo”.
Es decir, con esta proposición no de ley el GP VOX busca aliviar la presión fiscal que sufren los españoles con dos tramos en el IRPF y la reducción de puntos por cada hijo; llevar a cabo una drástica reducción del gasto no esencial, superfluo, ideológico e improductivo, reduciéndolo a lo estrictamente esencial y modificar la Ley General de Subvenciones para que los beneficiarios de las mismas sean, en todo caso, nacionales.