El Grupo Parlamentario VOX continúa con su propósito de defender a las Víctimas del Terrorismo y de demostrar el blanqueamiento de ETA que se está llevando a cabo por parte del Gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza.
Es por ello que el diputado del GPVOX, Francisco José Alcaraz Martos, junto con la secretaria general Macarena Olona han presentado dos baterías de preguntas al Ejecutivo con el objetivo de comprobar si el Gobierno ha favorecido a acabar con la dispersión de los presos etarras.
“Queremos comprobar de primera mano los datos que maneja el Gobierno y los efectos de la Vía Nanclares creada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que ha sido continuada por todos los Gobiernos hasta el día de hoy”, ha señalado Alcaraz en referencia al proyecto de reinserción que exige a los terroristas el arrepentimiento y la colaboración con la justicia para esclarecer atentados y asesinatos terroristas.
Estas han sido las preguntas que ha registrado el GP VOX:
- ¿Cuántos presos de ETA se encuentran dispersados fuera de la Comunidad Autónoma Vasca?
- ¿Cuántos presos de ETA han sido acercados hasta la fecha actual desde el 1 de enero de 2019?
- De los terroristas de ETA en prisión acercados, ¿cuántos han colaborado con la justicia?¿Cuántos terroristas van a ser acercados en los próximos 6 meses y de ellos cuantos han colaborado con la Justicia?
Por otra parte, y tras las informaciones publicadas en agosto de 2018 que apuntaban a un acuerdo del PSOE con el Gobierno Vasco para la retirada de 500 efectivos de la Guardia Civil, ambos diputados han querido saber si realmente los agentes especializados en servicios de información se han visto obligados a abandonar el País Vasco en los últimos años.
Las preguntas registradas han sido las siguientes:
- ¿Qué número de agentes de la Guardia Civil se han retirado del País Vasco desde agosto de 2018?
- ¿Qué número de agentes de la Guardia Civil tiene previsto retirar el Gobierno en el año 2020?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.