La secretaria general del GP VOX, Macarena Olona, ha registrado este lunes en el Congreso un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en el que pide que “se declare la nulidad y se deje sin efecto la sanción de expulsión” impuesta por la propia Batet a Olona el pasado 22 de octubre, cuando intentaba incluir en el orden del día la gravísima situación en la que el golpismo ha sumido a Cataluña, tras haber VOX presentado una solicitud en este sentido seis días antes, sin haber obtenido respuesta de la Presidencia del Congreso.
En el texto se recuerda cómo la presidenta del Congreso expulsó a Macarena Olona al amparo del artículo 104.1 del Reglamento de la Cámara, que señala que se podrá expulsar al diputado “que hubiera sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, y advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada”. En este sentido, se recuerda a Batet la mesura y prudencia con que otros presidentes han hecho uso de este artículo del Reglamento -sólo dos expulsiones en toda la historia de la democracia-, mientras que la actual presidenta del Congreso expulsó a Macarena Olona 50 segundos después de haber pedido ella por primera vez la palabra y sin haber advertido a la diputada de VOX de las consecuencias de una tercera llamada al orden.
Así, mientras el presidente Manuel Marín y la presidenta Ana Pastor (2006 y 2018) llamaron al orden por segunda vez con la fórmula “le llamo al orden por segunda vez y le advierto que si tuviera que llamarle por tercera vez le invitaré a abandonar el Hemiciclo”, y “le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle”, en el caso de Batet se limitó a un inexacto “me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez”.
El debate de la Diputación
En el escrito presentado se denuncia, además, la indefensión formal y material a que se sometió a Macarena Olona, que era la diputada designada para fijar la posición del GP VOX relativa a la convalidación del decreto-ley sobre financiación autonómica y que era, además, contraria a la posición del Ejecutivo e incómoda, por tanto, para el partido del Gobierno. “Se han mermado -señala Olona- los derechos atribuidos en el artículo 6 del Reglamento del Congreso y 23.3 de la Constitución Española, de permanencia y ejercicio pleno del cargo público y mandato representativo”.