El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley para la creación de un calendario específico de finalización de las clases universitarias tras el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.
Entre las medidas propuestas destacan la unificación de las convocatorias ordinaria y extraordinaria en caso de que el estado de alarma se alargase. Dicha convocatoria extraordinaria no debe tenerse en cuenta para el cómputo del límite de las mismas reguladas por las propias universidades.
El 17 de marzo el Ministerio de Educación, el de Universidades, la Conferencia de Rectores y las diferentes CCAA acordaron aplazar la prueba de acceso a la universidad cuya realización, antes de la crisis originada por el coronavirus, debía celebrarse antes del 19 de junio. Se trata de una medida sin precedentes, forzada por la expansión de los contagios de coronavirus, que obligó a la cancelación de las clases para todos los ciclos formativos. En España hay 217.000 estudiantes que se encuentran actualmente en 2º de bachillerato y pendientes de realizar la prueba de acceso a la universidad.
En una reunión posterior se acordó que la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (EBAU) se hiciera entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre la extraordinaria.
Hasta la fecha más de un millón de alumnos estudiaban un grado universitario de forma presencial y apenas 191.000 a distancia. Además existe la posibilidad de que los alumnos que estudiaban el grado de forma presencial no tengan la posibilidad de acudir de nuevo a clases a lo largo de este curso.
Ante este hecho cada universidad se ha preparado individualmente adoptando medidas y criterios a decisión de los propios rectores que, a su vez, han instado a sus facultades y plantillas a reforzar las clases y exámenes online, además de recomendar la preparación de estas para intentar dar normalidad a la situación en la que nos encontramos.
Asimismo las tasas universitarias es el precio que el alumno debe hacer frente para cursar sus estudios universitarios oficiales. El precio medio obtenido de una matrícula universitaria en España es de 1.100 euros. Las tasas aumentan de manera exponencial por cada año que el alumno se matricula de una misma asignatura, penalizando en este caso al alumno que no aprueba. El derecho que obtiene el alumno por matricularse de una asignatura es la realización de dos convocatorias de exámenes: ordinaria y extraordinaria. VOX entiende que no sería equitativo el cobro de la totalidad de la matrícula en el caso de que un alumno no pueda, por causa de fuerza mayor, acceder a una de las mismas.
Por ello, el GPVOX pide al Congreso que insta al Gobierno a lo siguiente:
- Promover a través del Ministerio de Universidades y dentro del marco de sus competencias la creación de un nuevo calendario universitario, tanto para las universidades públicas como privadas, atendiendo al impacto del coronavirus en la enseñanza universitaria.
- Promover, en caso de que el estado de alarma se alargase, la unificación de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Dicha convocatoria extraordinaria no debe tenerse en cuenta para el cómputo del límite de las mismas reguladas por las propias universidades. En caso de que no pueda darse la convocatoria extraordinaria y, por tanto, se esté privando al alumno de una oportunidad a la que tiene derecho con el pago de su matrícula, este podrá matricularse en el curso siguiente de la materia correspondiente sin tener que pagar un recargo por la misma. De igual manera el alumno tendrá derecho a que, en caso de no haber dispuesto de convocatoria extraordinaria, se le compense en el pago de la misma, ya sea en este curso o en posteriores.
- Promover la creación de un protocolo de actuación que incluya los procesos y métodos de evaluación para aquellos grados y postgrados cuyas asignaturas sean eminentemente prácticas. No debe existir una brecha entre alumnos del mismo grado en diferentes universidades y evitar así que se vaya a dos velocidades de respuesta.