Balbino Sáez Olarra; Asier Mardones Esteban; Asier Rodríguez López; Julián Achurra Egurola (condenado por el secuestro de Ortega Lara y múltiples asesinatos); Sebastián Echániz Alcorta (condenado por delitos de sangre); Jesús María Martín Hernando (cómplice de delito de asesinato); Oier Urrutia González; José Luis Barrios Martín (condenado por delitos de sangre); Igor González Sola; Garaikoitz Arruarte Santa Cruz; Gorka Joseba Lupiañez Mintegui; Josune Oña Izpizúa; Álvaro Juan Arri Pacual (condenado por el atentado en la plaza de Ramales de Madrid en el que murieron el teniente general Francisco Veguillas, el conductor de su vehículo y un trabajador que descargaba en la zona); José Ramón Foruria (condenado por el atentado de Marquina en el que fueron asesinados a tiros cuatro guardias civiles); Patxi Uranga; Jagoba Codó; Javier Aguirre; Fernando Alonso Abad; Olartz Lagabaster Anza; José María Arregi Erostarbe ‘Fiti’ (743 años de cárcel como cooperador necesario en el atentado contra un autobús militar en Zaragoza en el que hubo dos muertos y 28 heridos. Condenado a 26 años y 8 meses de cárcel por el intento de asesinato del comisario general de la Expo-92 Manuel Olivencia); Gorka Fraile Iturralde; Arantza Zulueta; Jon Emparantza; Gorka Martínez; Idoya Mendizábal; Oscarbi Jaúregui; Ekaitz Samaniego; José Ángel Ochoa; Egoitz Coto; Zigor Blanco; Joseba Segurola; Ahinoa Barbarín; Aitziber Coello; Zigor Orbre; Idoya Martínez; Oier Urrutia; Unai López de Ocariz; Unai Fano; Javier Sagardoy; Oier Goitia; Javier Atristain; Andoni Murga; Sergio Polo (condenado a 29 años de prisión por el asesinato de Ángel María González Sabino. Condenado a 7 años de cárcel por el intento de asesinato del Presidente del Parlamento Autonómico Juan María Atutxa. Condenado a 110 años de cárcel por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo con una bomba-lapa que causó heridas de gravedad a su hija y de diversa consideración a tres personas que se encontraban en las inmediaciones)… y así hasta 52.
Esa es la cifra de presos de la banda terrorista ETA acercados a cárceles del País Vasco o próximas desde el 7 de agosto de 2018. Además el Gobierno Sánchez ha llevado a cabo la progresión en grado de un total de 23 presos de la banda armada (doce de ellos han progresado a tercer grado o régimen de semilibertad). Finalmente ha aplicado un régimen de flexibilización en el cumplimiento de la ejecución de la condena impuesta, a un total de siete presos de la organización terrorista ETA mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario.
Unas acciones que, tal como refleja el Grupo Parlamentario VOX en la batería de preguntas presentadas en el Congreso, incumplen sistemáticamente los compromisos adquiridos por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, con las víctimas del terrorismo. A saber, que para acceder a acercamientos, progresiones de grado o flexibilización del régimen penitenciario se exigiría el arrepentimiento y petición de perdón expreso a las víctimas del terrorismo, la colaboración de los presos con la justicia y que no fueran presos con delitos de sangre.
Meses después se comprueba que de los cincuenta y dos presos trasladados y/o progresados en grado, siete de ellos han sido condenados por delitos de sangre (autores materiales de asesinato) y otros más lo han sido como cooperadores necesarios o cómplices.
Pero no son sólo las promesas de Marlaska las que incumple el Gobierno Sánchez. El artículo 72.6 de la LOGP exige que “además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior”, se muestren “signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, haber colaborado activamente con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, obtener pruebas o impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito”. En resumen, una colaboración activa para intentar esclarecer los más de 370 asesinatos perpetrados por la organización terrorista ETA que, a día de hoy, siguen sin esclarecerse.
Con la batería de preguntas registrada por el GP VOX, el Gobierno está obligado ahora a responder por escrito a las siguientes cuestiones:
-¿Cuáles han sido los criterios seguidos por parte de Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para acordar el traslado de estos presos de la organización terrorista ETA?
¿De qué manera han acreditado estos presos la petición de perdón expresa a las víctimas del terrorismo? ¿Consta en su expediente administrativo dicha petición de perdón expresa?
-¿De qué forma han colaborado activamente con la justicia?
-¿De qué forma han rechazado la violencia y se han desvinculado de la organización terrorista ETA? ¿Consta en su expediente?
-¿De qué manera han asumido la legalidad penitenciaria?
-¿Ha incumplido el Ministerio de Interior los compromisos adquiridos con las víctimas del terrorismo con el acercamiento de miembros de ETA con delitos de sangre?
– ¿Forman parte estos traslados de algún acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco o con EH Bildu?