El diputado de VOX, Javier Ortega, ha pedido que las competencias penitenciarias transferidas a Cataluña por el Gobierno de Pedro Sánchez sean devueltas al Estado. “Cataluña es la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias. A 5 de cada 9 condenados por el Supremo se les ha aplicado ya el artículo 100.2 del reglamento penitenciario mientras que solo el 10% de los presos en cárceles catalanas se han beneficiados del mismo. Denunciamos que el Gobierno haya concedido un indulto encubierto a los golpistas”, ha dicho Ortega.
Para el secretario general de VOX se trata «de un procedimiento excepcional y arbitrario, es la puerta de la impunidad, ya que están logrando evitar las condenas de entre 9 y 13 años -a través de esta semilibertad-, por eso denunciamos al Gobierno: porque hay un indulto encubierto de forma individual, poquito a poco, pero todos en la calle».
Ortega ha recordado que cuando el PSOE llegó al Gobierno cedió tanto ante el separatismo catalán como con el vasco. «En el País Vasco el PSOE ha pagado conseguir que el PNV votase a favor de la investidura, gracias también a la abstención de los proetarras de Bildu, a los que cedía la competencia penitenciaria. Desde que el PSOE llegó a la Monlcoa el 27% de los presos etarras han pasado del primer al segundo grado penitenciario. Solicitamos que se devuelva al Estado la competencia penitenciaria que erróneamente se entregó a una comunidad golpista. Por todo ello, pedimos que esta competencia no se transfiera al País Vasco y no se modifique la política de dispersión de presos etarras».
Asimismo, el diputado de VOX ha pedido la derogación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, «porque cuando la Constitución Española nos dice que hay que buscar la reinserción será con quien se pueda reinsertar. Pedimos el cumplimiento efectivo de las penas de los condenados contra golpistas y terroristas».
Por último, Javier Ortega ha reivindicado que los funcionarios de prisiones tengan un estatuto propio y se les dé una retribución justa además del reconocimiento del estatus de agente de la autoridad.