El GPVOX ha presentado registrado en el Congreso de los Diputados una batería de medidas acerca de las relaciones entre el Gobierno de España y el régimen chavista de Venezuela. Entre ellas destaca la Proposición no de Ley para la captura de Nicolás Maduro y los demás miembros de su Gobierno.
Esta propuesta, impulsada por el diputado Carlos Hugo Fernández-Roca y el portavoz en la Comisión de Iberoamérica, Víctor González Coello de Portugal, se produce después de que Maduro y otros 14 cargos actuales y retirados del narco-gobierno venezolano hayan sido imputados por la fiscalía de los Estados Unidos por diversos casos de delitos de narcotráfico, narcoterrorismo, corrupción y blanqueo de capitales.
El fiscal norteamericano William P. Barr les acusa de pretender “inundar EEUU con cocaína para minar la salud y el bienestar de la nación y de haber usado la cocaína como arma y haber traicionado al pueblo venezolano y corrompido las instituciones de Venezuela para llenarse sus bolsillos con dinero de las drogas”.
El líder chavista Nicolás Maduro, el expresidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, el exdirector de la inteligencia militar Hugo Carvajal, el exgeneral de las fuerzas armadas Antonio Alcalá, el miembro del secretariado de las FARC, Luciano Marín, el miembro de la alta dirección de las FARC, Sexis Paucis Hernández, ha sido imputados por participación en una conspiración narco-terrorista, conspiración para la importación de cocaína a los EEUU, la utilización y porte de ametralladoras y otro material destructivo para sus fines narco-terroristas, y conspiración para el empleo y porte de ametralladores y otro material destructivo para el aseguramiento de las conspiraciones narco-terroristas y de importación de cocaína, que lleva aparejada una máxima de cadena perpetua.
Por todo ello el Grupo Parlamentario VOX presenta una Proposición No de Ley para que se desarrolle una estrategia específica de colaboración con los Estados Unidos de América con la finalidad de ejercer la acción dimanante de la fiscalía norteamericana de captura de Nicolás Maduro y los demás imputados por las distintas y gravísimas acusaciones referidas.
Del mismo modo, los diputados Alberto Asarta, Antonio Salvá, Manuel Mestre, Emilio del Valle, Agustín Rosety y los mencionados Carlos Hugo Fernández-Roca y Víctor González Coello de Portugal, han dirigido al Gobierno una serie de preguntas sobre la fuga de España en noviembre de 2019 del exdirector de inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal.
Según varias fuentes estadounidenses el Gobierno de Pedro Sánchez permitió que Carvajal se fugase y además entorpeció su captura para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. El motivo es que Carvajal tiene una estrecha relación con determinados funcionarios del CNI. Estas relaciones habrían servido para encubrir, según las fuentes citadas, la ruta de narcotráfico entre Venezuela y Galicia.
Como director de inteligencia venezolana, Carvajal tuvo como enlace del CNI y la Policía al entonces comisario Florencio San Agapito. Éste, imputado por un caso de blanqueo en 2016, fue el puente entre el régimen de Chávez y el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Entre San Agapito y Carvajal se formó una red que encubría rutas de narcotráfico que salían del estado de Sucre en Venezuela, pasaban por Surinam y terminaban en Galicia. El Gobierno estadounidense tiene precisado que con dinero ese entramado se ha financiado parte de Podemos y las recientes operaciones de Rodríguez Zapatero en Venezuela.
Las preguntas son las siguientes:
¿Conocía el Gobierno la ubicación de Hugo Carvajal en España?
¿Ha entorpecido el Gobierno la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos?
Si no es así, ¿por qué no se ha producido la captura de Carvajal?
¿Por qué informó la prensa hace días que el CNI iba a entregar a Carvajal?
¿Ha dado el Gobierno instrucciones al CNI para que protegiese la ubicación de Carvajal?
¿Por qué no ha colaborado el Gobierno con la justicia española, que decretó su orden de captura?
En la reunión del Consejo de Ministros del 3 de marzo el Gobierno aprobó la entrega de Hugo Carvajal a EEUU. ¿Por qué no se ha producido todavía la detención?
¿Ha ponderado el Gobierno las repercusiones que va a tener la falta de cooperación en la captura de Carvajal en las relaciones con EEUU?
¿Ha valorado el Ejecutivo las consecuencias de la falta de diligencia en autorizar la orden de extradición estadounidense, sobre todo en el caso de que España solicite dichas órdenes en el futuro?
Siguiendo las informaciones citadas sobre la financiación irregular de Podemos, ¿se plantea el Gobierno iniciar una investigación sobre la misma?
¿Por qué la Audiencia Nacional cambió de postura, en apenas tres meses, en relación con la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos?
¿Ha sido informado el Gobierno de la ubicación exacta de Hugo Carvajal por parte de la DEA?
¿Va a instar el Presidente del Gobierno al Fiscal General del Estado a que investigue la presunta financiación irregular tanto de Podemos como de Izquierda Unida?
Si no es así, ¿considera el Gobierno que la financiación irregular de un partido que forma parte del Gobierno no es de interés general?
Asimismo, VOX ha preguntado al Ejecutivo por el encuentro clandestino entre el ministro de Transportes José Luis Ábalos y la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez. Según informaciones publicadas en el diario Hispanidad “tanto socialistas como podemitas españoles han sido financiados por la dictadura bolivariana y que por eso la vicepresidenta venezolana se permite chantajear al Gobierno español con actitudes como la de su paso por el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid […] La Casa Blanca no está dispuesta a tolerar más la cobertura política sanchista a la dictadura bolivariana”.
Esta protección que el Gobierno español está ofreciendo a destacados miembros del régimen dictatorial y narcotraficante de Maduro se debe a que “los bolivarianos chantajean a Sánchez a cambio de no filtrar operaciones de financiación a socialistas y podemitas por parte del régimen comunista de Caracas”. Por ello los diputados de VOX preguntan al Ejecutivo de Pedro Sánchez:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de estas informaciones?
¿Ha recibido el Gobierno alguna queja oficial por parte de las autoridades estadounidenses referente al encuentro del ministro Ábalos y Delcy Rodríguez?
Si es así, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno español?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.