El GPVOX ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que insta a las Cortes generales a elaborar un Proyecto de Ley de Protección de la Vida y la Maternidad que garantice información y apoyo a la mujer embarazada. Dicho proyecto incluye medidas de ayuda y asistencia especialmente a favor de las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo, y una protección adecuada de la vida del no nacido, que ha de conllevar la derogación de la actual ley del aborto.
El número de abortos practicados en mujeres comprendidas en una edad que oscila entre los 15 y 45 años fue de 95.917 en el año 2018, un incremento del 1,91% respecto a 2017. Los datos, no obstante, son incompletos pues no se han tenido en cuenta las intervenciones practicadas en centros médicos de comunidades autónomas que no han notificado el número de mujeres que han abortado (en especial el aborto químico), y tampoco se han tenido en cuenta las mujeres que lo han hecho acudiendo a otras soluciones. Esto lleva a concluir que son bastantes más mujeres que las 95.917 registradas en la estadística.
No es de extrañar, a juicio de la diputada del GP VOX Lourdes Méndez, que esto ocurra cuando la ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo considera el aborto como un derecho de la mujer, desprotegiendo de forma total al nasciturus.
Esta ley ignora por completo las causas por las cuales una mujer puede tomar esta dramática solución, dejándola en muchos casos sola ante este drama. Ninguno de los preceptos contempla acciones para garantizarle el apoyo que la madre necesita para llevar a término su embarazo, ni tampoco se le ofrecen ayudas en circunstancias difíciles, sean familiares o económicas. Tampoco se ofrece información suficiente de lo que significa un aborto, ni de las consecuencias físicas y psíquicas que puede acarrear.
Ante la situación de desprotección generada por la legislación actual, es necesario aprobar medidas positivas de asistencia a la mujer, sobre todo en el mundo laboral, para que el embarazo no penalice y en especial para que las personas más vulnerables y desprotegidas sepan que cuentan con el apoyo necesario, que no están solas y que van a recibir las ayudas necesarias para sacar adelante su vida y la de su hijo.
Asimismo, VOX defiende la protección del no nacido, puesto que, amparándose en la libertad de la mujer o el libre desarrollo de su personalidad, no se puede vulnerar el derecho fundamental a la vida, que en nuestro ordenamiento jurídico es un bien jurídico que el Estado debe proteger, resultando un atentado contra la razón el considerar el aborto como un derecho.
Para VOX supone un contrasentido que, por un lado, España sufra un invierno demográfico, con el grave riesgo que implica para el Estado la disminución de nacimientos y su impacto negativo en el crecimiento, sostenimiento económico y progreso del propio país y, por otro, haya una ley como la actual que facilite el aborto.