El portavoz de VOX en la comisión de Sanidad del Congreso, Juan Luis Steegmann, y el portavoz adjunto, Antonio Salvá, han presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la empresa mercantil FCS Select Products, S.L., adjudicataria de un contrato de 263.000.000 de euros por el ministerio de Sanidad-Ingesa, para el suministro de 488 millones de mascarillas, 10 millones de guantes y 150.000 gafas de protección procedentes de China.
Como recoge el BORME, desde año su objeto social ha sido la importación, exportación y distribución de toda clase de productos del ramo de la alimentación, centrados principalmente a fabricar envases y desarrollar estrategias de marketing para fabricantes de bebidas alcohólicas de alta graduación, no llegando al millón de euros de facturación; actualmente CNAE refleja su dedicación a la intermediación del comercio de productos diversos… y ha multiplicado por 273 veces su volumen de negocio.
El caso es que los contactos de FCS en China le han hecho ganar la adjudicación del contrato, sin necesidad de concurso público, por estar amparada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y de conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, complementada con el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la crisis sanitaria, dada la urgencia del Gobierno por aprovisionarse del material sanitario.
Cabe resaltar que Mayra Dagá Castillo, confundadora de la empresa en 2012 fue condenada en 2015 a cuatro años de prisión, de la que se salvó tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, por un delito continuado de estafa agravada a empresas de la construcción, en la actividad que de 2008 a 2010 realizaba en el sector inmobiliario, en plena crisis derivada de la denominada “burbuja inmobiliaria” que tuvo lugar en España.
FCS le ha vendido al Gobierno cada mascarilla por 0,51 euros, un coste mucho mayor si se compara con el fijado por otras empresas, como la sociedad barcelonesa Suministros Hospitalarios S.A. a la que el Gobierno encargó una primera remesa de 286.000 unidades a 2 céntimos, y otra segunda de 616.000 a 3 céntimos. Es decir, a un precio de entre 17 y 25,5 veces menor que el cerrado con la sociedad de Mayra Dagá.
Todos estos hechos han motivado que los diputados de VOX Juan Luis Steegmann y Antonio Salvá pregunten al Gobierno lo siguiente:
1. ¿Por qué ha acudido el Gobierno a una empresa autorizada para la intermediación del comercio de productos diversos en lugar de a un laboratorio especializado en productos sanitarios y/o medicamentos?
2. ¿Ha comprobado si para esta adjudicación está al día y al corriente de pago de todas sus obligaciones fiscales con Hacienda, así como de sus obligaciones y abono de cuotas de la Seguridad Social de sus empleados?
3. ¿Qué criterios siguió el Ministerio de Sanidad para la adquisición de material sanitario por importe de 263.000.000 euros, con precio unitario por mascarilla de 0,51 euros, precio superior al 20% del mercado actual?
4. ¿Se ha fijado el margen de comisión que recibe la empresa adjudicataria del contrato antedicho por la intermediación en la operación de compra y suministro del material sanitario?