Steegmann: “¿Cómo tolera el Gobierno la desatención y muerte de ancianos en toda España?”

El diputado y portavoz de VOX en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas sobre la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

Las primeras cuestiones tienen que ver con el informe de recomendaciones sobre los aspectos éticos en la situación de pandemia causada por el coronavirus que el Ministerio de Sanidad publicó el 2 de abril. El objetivo del informe es “ofrecer un conjunto de conclusiones y recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones en la aplicación de medidas terapéuticas y de cuidados a pacientes afectados por el coronavirus, en una situación de pandemia marcada por la limitación de recursos, así como garantizar la preservación de los derechos fundamentales, con especial atención a los colectivos más vulnerables, teniendo en cuenta los aspectos de justicia, el deber de cuidar y de administrar los recursos”.

¿Ha cumplido el Gobierno con el deber que el propio ministerio de Sanidad enuncia, puesto que ha publicado sus recomendaciones éticas y criterios de actuación el 2 de abril, más de 15 días después de la declaración del estado de alarma y con posterioridad a otras asociaciones médicas privadas? ¿A qué se ha debido este retraso?

¿Ha estudiado el Gobierno si la publicación de estos criterios de actuación ha modificado en algún sentido el manejo de los pacientes críticos por parte de los profesionales sanitarios?

Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, ¿cuáles son los resultados de dicho estudio?

¿Cómo es posible que en numerosos centros de salud y hospitales aún hoy, un mes después de la declaración del estado de alarma, no dispongan de EPI reglamentarios y hayan tenido que proveerse ellos mismos de material de protección fabricado incluso con bolsas de basura o con sacos de mantillo?

¿Considera el Gobierno que el hecho de que a 10 de abril se hayan contabilizado en España 22.000 sanitarios contagiados y 14 fallecidos es efecto de su negligencia e incompetencia en la distribución al personal sanitario de la protección que necesitaba para el ejercicio de una profesión tan expuesta al virus?

¿Qué medidas concretas va a adoptar el Gobierno para cumplir con las recomendaciones en relación con la protección del personal sanitario que él mismo ha dado en el informe del Ministerio de Sanidad, en esta emergencia de dimensiones catastróficas?

¿Prevé el Gobierno proveer de material de protección a todo el personal sanitario y empleados al servicio de las administración en antes de que termine la epidemia de salud pública?

¿En qué momento se acabará con esta escasez de material y de dejará de poner en peligro a los españoles que más necesitamos en estos momentos?

¿En qué medidas concretas tomadas por el Gobierno dese el inicio de esta emergencia de salud pública se materializa la aplicación de los principios enunciados en la conclusión tercera (“las medidas que se adopten estarán presididas por los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia, entre otros. Resulta también irrenunciable la continua (re)evaluación de los criterios orientativos o prescriptivos adoptados, a la luz de los cambios que se produzcan en la evolución de la pandemia”) del informe del ministerio de Sanidad?

¿Piensa el Gobierno publicar unos criterios reevaluados, a la vista del notable incremento del número de fallecidos acontecido desde que se publicó el único informe del ministerio de Sanidad el pasado 2 de abril?

De ser así, ¿ha considerado el Gobierno incluir en su reevaluación de criterios algunos de los ofrecidos para este contexto de pandemia por el comité de Bioética de España?

¿Se está respetando en los hospitales españoles el derecho-deber de consentimiento informado, facilitando a los pacientes o, en su defecto, a los familiares de estos, información clara y transparente sobre los criterios de priorización que se están llevando a cabo?

En el caso de que no sea así, ¿cuáles son los motivos de que no se estén cumpliendo las recomendaciones emitidas por el propio Ministerio de Sanidad relativas a la transparencia y al consenso debido en los criterios de priorización de tratamiento?

¿Se han previsto por parte del Ministerio de Sanidad medidas para descargar al personal sanitario de todo aquello que no se refiera estrictamente a la salud y tratamiento de los pacientes, como las comunicaciones con familiares, la información sobre fallecimientos y la gestión emocional de estas situaciones, derivando esas funciones a personal psicológico o de otra índole? En caso afirmativo, ¿en qué han consistido esas medidas?

¿Valora el Gobierno incluir entre sus recomendaciones éticas alguna referencia a la posibilidad de que los enfermos de coronavirus puedan estar acompañados por un familiar en el momento de su muerte, en la línea del criterio de otras asociaciones especializadas en la materia?

¿Estaría el Gobierno en condiciones de proveer de equipos de protección individual a los acompañantes de los enfermos, para evitar contagios?

En el caso de que no, ¿cuál es la estrategia futura sobre este particular? ¿Está previsto adoptar alguna medida para evitar que tantas personas mueran solas y aisladas?

¿Se ha articulado un sistema de apoyo psicológico gratuito de fácil acceso a todos los sanitarios que lo precisen en esta crisis sanitaria? ¿Ha dispuesto el Gobierno alguna otra medida para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios?

¿Cómo tolera el Gobierno que se produzcan casos flagrantes de desatención y muerte de ancianos en toda España, en especial de aquellos que viven en residencias?

¿Cómo se compaginan el artículo 43 de la Constitución y el contenido del informe del Ministerio de Sanidad con el protocolo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el que se desaconseja el traslado a los hospitales de los residentes de la tercera edad infectados por coronavirus?

¿En qué grado considera el Gobierno que su inacción y falta de previsión para la adopción de medidas ha contribuido al fallecimiento de miles de españoles en residencias?

Si el Ministerio de Sanidad ha reconocido en su informe que los agentes de la policía son uno de los más implicados en la lucha contra la pandemia, ¿por qué no se les ha dotado hasta ahora de equipos de protección individual para prevenir contagios?

¿Por qué no se practican test de diagnóstico a los agentes que presentan sintomatología compatible con el coronavirus?

El diputado de VOX también ha registrado preguntas acerca del rol de la exministra socialista Leire Pajín en la actual crisis sanitaria o sobre las declaraciones del ministro del responsable de Medicina Preventiva del Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, cuando despreció la amenaza real del coronavirus:

¿En qué medida está asesorando Leire Pajín al Gobierno de España en la resolución de la emergencia sanitaria a través del ISGlobal?

¿En qué medida han influido en la inacción del Gobierno en materia de planificación y prevención de la epidemia declaraciones como la del señor Trilla cuando dijo que “el coronavirus es solo una epidemia en China y, aunque no se descarta que pueda haber brotes puntuales en otros países, lo que tenemos que hacer los demás es estar vigilantes y, si se produce algún caso, identificarlo y aislarlo. Nada más. Quienes advierten del peligro provocan una histeria sin ningún fundamento?

¿Es el señor Trilla uno de los “expertos” y “autoridades científicas” a quienes el Gobierno culpa recurrentemente de que no se hayan tomado medidas con anticipación, como la suspensión de eventos el fin de semana el 7 y 8 de marzo, que podrían haber salvado la vida a miles de españoles?

En caso de que así sea, y achacándole el Gobierno a un experto como el señor Trilla tamaño error, ¿por qué se le ‘premia’ con un asiento en el comité científico sobre el coronavirus?

Asimismo, Juan Luis Steegmann pregunta al Gobierno por qué no acudió a la reunión convocada por la OMS en febrero sobre el coronavirus:

¿Cuáles son las razones de que el Ministerio de Sanidad decidiera obviar la convocatoria y no acudir a la reunión de la OMS celebrada el 11 y 12 de febrero en Ginebra para abordar las medidas necesarias para hacer frente a la incipiente enfermedad provocada por el coronavirus?

¿Lamenta ahora el ministro de Sanidad no haber acudido a esta cumbre de la OMS?

¿Podría el Gobierno aclarar si, en el caso del desplazamiento para la adquisición de comida de personas con necesidades alimentarias especiales, rige también el criterio general de comprar en el establecimiento más cercano?

En caso afirmativo, ¿han pensado implementar algún sistema de distribución online específico o de aseguramiento de stock en tiendas físicas que garantice que este colectivo de personas, con necesidades alimentarias especiales, puede acceder a la comida que necesitan para vivir?

En caso negativo, si se considera que sí es acorde al RD 463/2020 que se desplacen donde sea necesario para adquirir sus productos específicos, ¿piensa el Gobierno arbitrar alguna medida (dar instrucciones a la policía sobre este particular) para evitar que se expongan a ser sancionados?