El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley relativa a la creación de una Policía Judicial para su discusión en la comisión de Interior.
Con esta propuesta VOX quiere a dotar a la Policía Judicial de una dependencia total, orgánica y funcional, de los jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, cumpliendo así con el principio de separación de poderes del Estado y acabando con la actual dependencia orgánica del Gobierno.
Como es sabido tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional dependen del Ministerio del Interior y la Policía Judicial es una unidad especializada integrada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tiene como misión la persecución de determinados delitos y el auxilio a la Administración de Justicia.
El artículo 126 de la Constitución Española establece que “la Policía Judicial depende de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca”.
Asimismo la ley de Enjuiciamiento Criminal, en sintonía con la Constitución, también recoge en sus artículos 282 y 283 los objetivos y obligaciones de la policía judicial, entre ellas auxiliar a jueces y tribunales en materia penal, y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a recibir las instrucciones que de ellos reciban.
La posterior Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en desarrollo del precepto constitucional, en su Título II, capítulo V, trata de “la organización de unidades de Policía Judicial”. El artículo 30.1 señala que “la organización de la Policía Judicial corresponde con exclusividad al Gobierno, que podrá oír al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado”.
Si bien la Policía Judicial está sujeta a una dependencia funcional de los jueces, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal, como se recoge en la legislación anteriormente citada, paradójicamente su dependencia orgánica corresponde al Ministerio del Interior, es decir, al Gobierno.
Esta insana interrelación de poderes lleva en la práctica a situaciones de grave injusticia moral, poniendo en manos del Ministerio del Interior la tentadora herramienta para tomar decisiones arbitrarias que penalicen la actuación independiente de la Policía Judicial cuando los intereses del poder Ejecutivo no coincidan con el deber de esclarecimiento de delitos del poder judicial.
De esta manera se produce un grave conflicto en la actuación del correcto desempeño de la Policía Judicial, impidiéndole cumplir con su obligación de actuar con absoluta neutralidad política, temiendo ser conminado por el Ministerio del Interior cuando su actuación no respalde la política del Ejecutivo.
Por todos estos motivos el GPVOX pide al Congreso que inste al Gobierno a lo siguiente:
- Promover la modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en orden a dotar a la Policía Judicial de una dependencia total, orgánica y funcional, de los jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, cumpliendo así con el principio de separación de poderes del Estado y acabando con la actual dependencia orgánica del Gobierno, permitiendo las garantías procesales necesarias para la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente.
- Dotar a los juzgados y tribunales de la creación de sus propias unidades de Policía Judicial, adscritas de forma permanente.