El GPVOX ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Ejecutivo por la contratación de Alfonso Castro Sarriegi como miembro de la Policía Portuaria en el Puerto de Pasajes (Guipúzcoa). Castro fue condenado por la justicia a 18 años de cárcel por colaborar con ETA en el asesinato de un vecino de Rentería el 8 de junio de 1991. Más tarde, en 1998, fue condenado a otros 10 años de prisión por participar en el secuestro del empresario José María Aldaya.
Las preguntas planteadas al Gobierno son las siguientes:
1. ¿Qué opinión le merece al Gobierno el nombramiento como policía portuario de un terrorista condenado?
2. ¿Va el Gobierno a establecer como requisito de acceso a la policía portuaria carecer de antecedentes penales?
3. ¿Considera el Gobierno que un terrorista puede desarrollar con plenas facultades el control de accesos a zonas restringidas, así como la vigilancia del cumplimiento de la ley en operaciones con mercancías y actividades en las instalaciones?
4. ¿Cree el Gobierno que un condenado por facilitar datos aprovechando su cargo de policía municipal con la finalidad de secuestrar a una persona, es apto para cualquier labor de vigilancia y control?