El GPVOX ha presentado una batería de preguntas al Gobierno sobre la ofensiva de Marruecos de ampliar sus aguas territoriales a costa de Canarias. El diputado por Santa Cruz de Tenerife, Rubén Darío, y el diputado por Salamanca, Víctor González Coello de Portugal, piden información al Ejecutivo sobre cualquier modificación de las fronteras marítimas entre Canarias y Marruecos.
El parlamento marroquí ha aprobado hoy dos proyectos de ley que amplían las aguas territoriales y crean una zona económica exclusiva. Por este motivo VOX exige que cualquier cambio fronterizo respete la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y, en ningún caso, la ofensiva marroquí extienda el límite de sus aguas de forma unilateral.
Asimismo, VOX pedirá mañana la comparecencia de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que viajará a Marruecos el viernes.
De esta forma VOX traslada al Gobierno de España las siguientes preguntas por escrito:
1. “¿Existe algún acuerdo definitivo con el Reino de Marruecos para el trazado de esta Mediana como distancia equidistante y conforme con el artículo 74.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar?
2. ¿Se ha dirigido el Gobierno a los Tribunales competentes, especificados en el artículo 287.1 de dicha Convención, solicitando medidas provisionales, hasta su resolución, para que no se cause daño al medio marino conforme a su artículo 290.1? En caso negativo, ¿cuándo lo va a hacer?
3. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno frente a las últimas actuaciones unilaterales ejercidas por el Reino de Marruecos?
4. ¿Solicitará el Gobierno una rectificación a Marruecos a estas medidas unilaterales y perniciosas para los intereses del pueblo saharaui y del pueblo español?
Del mismo modo, VOX ha preguntado al Gobierno sobre sus obligaciones -competencias sobre el espacio aéreo, áreas de salvamento y rescate marítimo- como administrador del Sáhara occidental:
1. ¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno de España para cumplir sus obligaciones como país administrador del Sáhara?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.