El GPVOX ha registrado en el Congreso dos Proposiciones No de Ley relativas a la agricultura. La primera de ellas, presentada por la secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, y los diputados Ricardo Chamorro y Georgina Trías, insta al Gobierno a velar por los intereses de los agricultores y ganaderos españoles para su debate en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La situación de sequía que padece España afecta especialmente a agricultores y ganaderos, lo que requiere poner en marcha una serie de medidas urgentes que palien esta situación.
Una de las regiones que se ve más afectada es la referente a la Cuenca del Duero debido a su clima predominante mediterráneo con una fuerte variabilidad estacional e interanual. La falta de precipitaciones determina que no pueden cubrirse de modo adecuado todas las demandas, y que haya dificultades para poder hacer un uso normal de estas reservas hídricas existentes. Del mismo modo, la declaración de sequía obliga a la administración a adoptar una serie de medidas temporales para mejorar el aprovechamiento de estos recursos de forma equitativa por todos los ciudadanos y sectores afectados.
Sin embargo, la Junta de Gobierno de la Confederación no declaró la sequía hasta junio de ese mismo año, y mientras se tramitaba la correspondiente declaración, se adoptaron una serie de medidas de actuación urgente destinadas a paliar el impacto de la referida situación.
Actualmente la reserva hídrica del pantano está al mínimo y el abastecimiento tanto de la ciudad de Ávila como de las poblaciones circundantes no está asegurada.
Teniendo en cuenta lo anterior, la declaración oficial de sequía en la demarcación hidrográfica del Duero posibilitaría a los regantes la exención del pago del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, así como la amortización de las obras, si así lo acuerda el Gobierno de la nación.
Por todo ello el GPVOX propone que el Congreso inste al Gobierno a aprobar con carácter inmediato un Real Decreto que declare la situación de sequía extraordinaria en la Cuenca del Duero y, en concreto, de la unidad territorial del Adaja. Una vez aprobado el decreto, adoptar las medidas y actuaciones oportunas que permitan acordar la exención de la tarifa de utilización del agua y canon de regulación.
La segunda PNL presentada por los diputados Alberto Asarta, Ricardo Chamorro, Manuel Mariscal, Ángel López y Luis Gestoso, VOX alude a los Acuerdos Comerciales Internacionales que la UE ha firmado con terceros países y cuyo impacto está siendo muy perjudicial para la agricultura española y más concretamente en la citricultura y el olivar en la provincia de Castellón.
Hay que recordar que el Principio de Preferencia Comunitario de 1958 establecía la preferencia por parte de los países miembros en el aprovisionamiento de productos agrarios comunitarios frente a los no comunitarios. Incluso la primera jurisprudencia comunitaria reconoció explícitamente el carácter básico del Principio de Preferencia Comunitaria, más allá incluso de los límites de la propia Política Agraria Común.
Pero el 28 de junio de 2019 la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) cerraron un acuerdo de Libre Comercio. Hay que subrayar que los costes de producción de toso los países citados son muy bajos comparados con los europeos, lo que supone un grave perjuicio a la agricultura local y un beneficio para los grandes fondos especulativos y grandes compañías agroalimentarias mundiales.
Además la inundación del mercado europeo de los mismos productos agrícolas que producimos los países europeos mediterráneos provoca el hundimiento de precios por debajo de los costes de producción. Otra de las consecuencias es la pérdida de soberanía nacional alimentaria, la complicidad con la explotación laboral infantil y el perjuicio para los agricultores europeos en tanto que la UE no exige reciprocidad fitosanitaria, ya que en esos países se utilizan fitosanitarios que están prohibidos en Europa.
Por ello VOX exige a las autoridades europeas la recuperación y aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria como fundamento jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos que nos afecten; la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plaga; la revisión urgente de los tratados citados para negociar la extracción de aquellos productos agrícolas que, según el estudio de impacto, se demuestre que están siendo perjudicados por la importación de esos terceros países; compensar con fondos europeos de la PAC en la cuantía que se estime el perjuicio causado a la producción europea; y no ratificar el acuerdo con Mercosur en los términos actuales.