El GPVOX ha presentado una Proposición No de Ley relativa a la prestación de servicios funerarios ante la crisis del coronavirus y la garantía de sepultura por parte del Estado, para su discusión en la comisión de Sanidad y Consumo.
Respecto a la sanidad mortuoria hay que señalar que es una competencia de habitualmente recae en las comunidades autónomas, a excepción del traslado internacional de restos mortales. La dispersión normativa era tan amplia y diversa en las distintas autonomías que fue necesaria la creación de un grupo de trabajo que se reunió hasta en 13 ocasiones para acordar unos criterios comunes armonizados. Este documento fue aprobado el 24 de julio de 2018.
Según el protocolo de manejo de cadáveres de casos de coronavirus elaborado por la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y publicado en la web del Ministerio de Sanidad, “los cadáveres de fallecidos por el coronavirus deben ser considerados como cadáveres del Grupo II según lo establecido en el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Esta clasificación correspondería a cadáveres del grupo III según la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprobada por la Comisión de Salud Pública en julio de 2018. Sin embargo, dado que el cadáver puede constituir un riesgo biológico, se proponen algunas medidas adicionales para su manejo en base a la información existente y a las recomendaciones aplicables a nivel internacional”.
La competencia sobre la sanidad mortuoria recae en el propio Ministerio de Sanidad, que a fecha de 29 de marzo dictó una orden (298/2020) en virtud de la cual “quedan prohibidos todos los velatorios o la celebración de las ceremonias civiles y religiosas vinculadas a los funerales, así como medidas para garantizar la protección de los usuarios de servicios funerarios. Por ello se hace preciso prohibir todos los velatorios, tanto en instalaciones públicas como privadas, restringir otras ceremonias fúnebres, independientemente de la causa del fallecimiento, y regular algunas de las condiciones de contratación de los servicios funerarios”.
La crisis por el coronavirus ha provocado situaciones como la del Ayuntamiento de Madrid, que ha suspendido los servicios por parte de la empresa de servicios funerarios del Ayuntamiento desde el 23 de marzo el día 25, en el que gracias a un cambio de normativa por parte de la Comunidad de Madrid, se ha sustituido el uso de bolsas estancas por un sistema de doble sudario, así como la provisión de equipos específicos de protección para el personal de la funeraria.
Esta suspensión temporal afectó solo a los servicios de recogida y sellado de víctimas de coronavirus. En el resto de servicios propios de la funeraria se siguió prestando e incluso realizando inhumaciones y cremaciones, también de víctimas del Covid-19, siempre y cuando los restos mortales se reciban en féretro cerrado por parte de otras empresas funerarias.
A esta caótica situación se ha unido un elevado número de fallecidos, muy por encima de la capacidad de la oferta funeraria del sector, que ha dado lugar a la necesidad de habilitar el Palacio de Hielo de Madrid, y a estas fechas ya también espacios en la Ciudad de la Justicia, para servir de morgues improvisadas a donde son trasladados los restos mortales de las víctimas del Covid-19 y sellados por los profesionales de la UME, para su posterior traslado por empresas funerarias para inhumaciones y cremaciones.
Asimismo, a la triste situación de la pérdida de seres queridos, se está añadiendo la dureza de la soledad de los enfermos, incluso en los últimos instantes de su vida, siendo imposible estar acompañados por sus seres más queridos, junto a la imposibilidad de velarles y despedirse de sus restos mortales, con las consiguientes consecuencias que ello tendrá en los procesos de duelo, ya de por sí dolorosos. Junto a todas esas situaciones, existe también la de aquellas personas que por falta de recursos económicos no pueden asumir los costes del traslado de los restos mortales.
Por todo ello, el grupo parlamentario VOX propone la siguiente Proposición No de Ley:
1. Articular todos los mecanismos necesarios para garantizar que todos los fallecidos a causa del Covid-19 reciben sepultura conforme a sus deseos y creencias, en el menor tiempo posible y con el máximo respeto que merecen sus restos mortales.
2. Instamos al Gobierno de España a asumir el coste de los actos necesarios para garantizar que todo el mundo recibe sepultura.
3. Garantizar mediante los medios que en cada caso procedan la información fehaciente a cada familia sobre el procedimiento que siguen los restos mortales de sus familiares y el destino final de los mismos.