La diputada por Baleares, Patricia de las Heras

VOX pregunta al Gobierno qué va a hacer para evitar la explotación de los recursos marítimos españoles por parte de Argelia

La diputada de VOX por Baleares, Patricia de las Heras, ha solicitado la comparecencia en comisión de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por la declaración de una zona económica exclusiva (ZEE) por parte de Argelia frente a sus costas que invade parte del parque nacional de Cabrera y excede exorbitantemente la línea media equidistante entre las costas argelina y española.

Dichos límites exceden con mucho de la equidistancia que debe regir en caso de discrepancia para alcanzar un acuerdo bilateral entre países opuestos o adyacentes, según así lo establece el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Esta intromisión en las aguas de soberanía nacional española no se ha solucionado, viendo afectada no solo nuestra jurisdicción marítima sino también la afección del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, área natural mejor conservada de Baleares.

Asimismo, la diputada de VOX solicita el expediente administrativo completo relativo al procedimiento generado a consecuencia de la delimitación unilateral de los límites exteriores de la ZEE de Argelia, incluyendo las negociaciones bilaterales con la Embajada de la República Argelina Democrática y Popular, y las comunicaciones mantenidas con organismos internacionales como las Naciones Unidas.

Por estos motivos la diputada de VOX por Baleares, Patricia de las Heras, presenta las siguientes preguntas al Gobierno:

1. ¿Qué medidas va a adoptar o qué cauces va a seguir el Gobierno para solucionar el solapamiento de las jurisdicciones nacionales en el espacio marítimo por la invasión de Argelia sobre las aguas Españolas?

2. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar la explotación de los recursos marítimos españoles por parte de Argelia?

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.