VOX ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre la reciente imputación del presidente chavista Nicolás Maduro por narcotráfico. El fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr, acusa a Maduro de “haber permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico”, ofreciendo la suma de 15 millones de dólares por su captura.
Del mismo modo, el fiscal estadounidense señala que bajo la dirección de Maduro sus oficiales negociaron tratos de drogas con la extinta guerrilla de las FARC, “uno de los mayores productores de cocaína en todo el mundo” y acusa a Maduro y sus socios de “usar la cocaína como un arma” contra el país norteamericano. “Ha inundado Estados Unidos de cocaína”.
Además de Nicolás Maduro, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el ex director de Inteligencia militar Hugo Armando Carvajal, también han sido acusados de narcoterrorismo.
Otro imputado es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, por “blanqueo de capitales” a escala internacional y “conspiración”.
Por todo ello, los diputados de VOX Alberto Asarta, Carlos Hugo Fernández-Roca, Antonio Salvá, Emilio del Valle Rodríguez y el además portavoz en la Comisión de Iberoamérica, Víctor González Coello de Portugal, han registrado las siguientes preguntas al Gobierno:
Ante las imputaciones realizadas por el fiscal general de los EE.UU., ¿cambiará el Gobierno su relación con el presidente venezolano?
¿Adoptará el Gobierno algún tipo de sanción frente al ejecutivo venezolano, especialmente en referencia a la compra de petróleo a “Petróleos de Venezuela” (PDVSA)?
¿Piensa el Gobierno colaborar con las autoridades norteamericanas para dar captura al dictador venezolano y al resto de imputados por la fiscalía general de EE.UU.?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más