Víctor González Coello de Portugal

VOX pregunta al Gobierno si instará a la Fiscalía a investigar la financiación de Podemos

El presidente de VOX, Santiago Abascal, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el portavoz en la Comisión de Iberoamérica, Víctor González Coello de Portugal, han registrado una pregunta al Gobierno sobre la presunta financiación irregular de Podemos.

Primero aparecieron las pruebas del pago del régimen venezolano a la cúpula de Podemos. Ahora la Fiscalía General de Bolivia lo investiga. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio ha abierto otra investigación sobre el desvío de comisiones del caso Odebrecht hacia Podemos. Y ahora surge la misma pista de pagos desde CELAG y desde el programa Prometeo.

Hay que recordar que el pasado 11 de febrero la Mesa del Congreso rechazó las preguntas -previamente admitidas por los letrados de la Cámara- registradas por el GPVOX sobre la presunta financiación irregular de Podemos y los pagos realizados a sus líderes desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y el Programa “Prometeo” del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Según informaciones aparecidas en medios de comunicación el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio investiga la presunta financiación ilegal a Podemos procedente de un programa que contó con 54 millones de dólares y que fue dotado por el expresidente de Ecuador Rafael Correa con el supuesto propósito de atraer académicos, científicos y talento en general al país.

El programa entró en contacto con la organización Celag -impulsada por Podemos a través de Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero o Alfredo Serrano Mancilla–. De esta manera a la presunta financiación venezolana se uniría la procedente de Ecuador.

La pregunta que VOX dirige al Gobierno es la siguiente:

1. ¿Va instar el Gobierno al Ministerio Fiscal a abrir diligencias de investigación en relación a la supuesta financiación irregular de Podemos?

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.