El diputado de VOX, Pedro Fernández.

VOX propone corregir la ineficiencia del sistema universitario y promover la excelencia académica

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley relativa a la transferencia del conocimiento por parte de las universidades públicas en el campo de las ciencias jurídicas.

Entre las propuestas de VOX en el ámbito educativo destaca la promoción de la revisión del sistema universitario en España en cuatro grandes frentes: la apertura del debate sobre su autonomía y el funcionamiento estatalizado de las universidades; el modelo de investigación en España: sus problemas e ineficiencias y su estrategia de servicio al país y a la sociedad para los próximos 30 años; el fomento de la excelencia universitaria mediante el establecimiento de la sana competencia entre estas instituciones y la especialización por materias en atención a sus respectivas ventajas competitivas; y la concentración del número de universidades, fomentando la creación de grandes campus y de institutos.

Hay que destacar el papel que desempeña la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades y creado por el artículo 7 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, por el que se modifica el artículo 32 de la LOU, en virtud de la conversión de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en organismo público. Su estatuto fue aprobado mediante el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre.

La ANECA, por tanto, efectúa la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y del personal de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, con el objeto de que les sea reconocido un complemento de productividad (sexenio). Esta función de evaluación era llevada a cabo por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) hasta la asunción de sus funciones por la ANECA.

Respecto a las ciencias jurídicas existe la percepción entre el profesorado universitario de que es harto más efectivo para la obtención del sexenio ocupar algún puesto en la Administración pública (donde se perciba una remuneración hasta dos veces superior a la que se obtiene en la universidad) o dedicarse a prestar asesoramiento jurídico o a ejercer como abogado.

De este modo el sistema público premia la realización de actividades extrauniversitarias en el sector privado, como consultor o abogado, con una remuneración y, en su caso, con una reducción de docencia. Esto supone que los profesionales con inquietudes, ganas de innovar y con vocación de materializar el fin de la universidad como elemento de transferencia de conocimiento a la sociedad se ven obligados a acudir al sector privado para incrementar su remuneración y estatus, y no a dedicarse a tiempo completo a la academia y a la investigación.

Este sistema, por tanto, provoca que no sean valoradas para la concesión de este sexenio las publicaciones y estudios que el profesorado universitario efectúe a través de canales alternativos, pero de enorme impacto en la difusión del conocimiento jurídico y muy recurrentes hoy como fuente de información doctrinal por operadores jurídicos que van desde la judicatura hasta la abogacía.

Más allá de la injusticia material que estas valoraciones puedan suponer, es legítimo pensar que la ANECA actúa con un elevado grado de discrecionalidad que se aleja, con mucho, de los márgenes de libertad de apreciación, opción y decisión de la administración en aquellos supuestos en que no todos los elementos de la potestad administrativa vienen concretados por la norma que la atribuye. Sería conveniente desglosar en mayor medida las magnitudes cuantitativas que sirven de motivación para la toma de la decisión, siempre en el marco de la discrecionalidad técnica de la Administración reconocida leal y jurisprudencialmente.

Por todo ello, el GPVOX pide al Congreso que inste al Gobierno a:

  1. Promover la revisión de la naturaleza del sexenio de “transferencia del conocimiento”, redefiniendo sus objetivos y metas y adoptando las medidas necesarias para fomentar su funcionamiento como mecanismo efectivo de traspaso de conocimientos de la universidad a la sociedad.
  2. En el sentido anterior, promover la contabilización entre la “transferencia generadora de valor social” de la difusión de opiniones científicas jurídicas por vías actuales, asequibles, libres, cercanas a la sociedad y que ayudan al intercambio de ideas y al fomento de la crítica, como las anteriormente referidas.
  3. Mejorar la motivación de las resoluciones de la ANECA, de tal forma que, dentro del ámbito de la discrecionalidad técnica de una decisión administrativa, exista un mayor y mejor desglose de las magnitudes cuantificadas que sirven de base a la toma de la decisión.
  4. Promover la revisión del sistema universitario en España en cuatro grandes frentes:

-La apertura del debate sobre su autonomía y el funcionamiento estatalizado de las universidades

-El modelo de investigación en España: sus problemas e ineficiencias y su estrategia de servicio al país y a la sociedad para los próximos 30 años

-El fomento de la excelencia universitaria mediante el establecimiento de la sana competencia entre estas instituciones y la especialización por materias en atención a sus respectivas ventajas competitivas

-La concentración del número de universidades, fomentando la creación de grandes campus y de institutos.