El portavoz de VOX en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Javier Ortega Smith, indignado por los dos últimos homenajes a etarras en el País Vasco, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno tras haber constatado que durante el mandato de Pedro Sánchez se han producido 177 casos de exaltación del terrorismo sin ningún tipo de respuesta oficial.
Los dos últimos actos de homenaje han estado dedicados a José Javier Zabaleta, condenado, entre otros delitos, por el atentado de Zarautz en el que fueron asesinados cuatro guardias civiles y un civil. Zabaleta, que había sido condenado a 293 años, sólo cumplió 29 en prisión. También el etarra Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, fue homenajeado a su llegada a Oñate tras cumplir sólo 22 años de prisión.
Es por ello que Javier Ortega ha registrado en el Congreso las siguientes preguntas para reclamar el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo y la acción firme para evitar la celebración de actos de homenaje a etarras.
• ¿Tiene intención el Gobierno de plantear las modificaciones legislativas oportunas en la legislación penal conducentes al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas de prisión por delitos de terrorismo, incluyendo la cadena perpetua para los delitos más graves?
• ¿Qué medidas se plantea adoptar el Gobierno para impedir la repetición de actos de enaltecimiento del terrorismo como los que han tenido lugar el pasado fin de semana 28 y 29 de Julio en Hernani y Oñate respectivamente tras la excarcelación de los terroristas José Javier Zabaleta y Xabier Ugarte?
El también concejal de Madrid y secretario general del partido se ha interesado además por el actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que, a su juicio, “corrompe la independencia del Poder Judicial”. Así, ha preguntado al Gobierno:
• ¿Tiene intención el Gobierno de plantear las iniciativas legislativas oportunas, especialmente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para adaptar la misma a la literalidad de lo establecido en el art. 122 de la Constitución Española, de tal forma que la elección de sus miembros no esté sometida, como en la actualidad, a la injerencia de los partidos políticos?
Todavía en el capítulo judicial, Ortega Smith señala que España se encuentra muy por debajo de la media europea en la ejecución efectiva de sentencias (menos del 40% anual). Un hecho que, explica, genera una gran desconfianza en el Poder Judicial al tener el ciudadano que esperar una media de 600 días para conseguir hacer valer su derecho. Por eso, pregunta al Ejecutivo:
• ¿Qué medidas tiene previstas implantar el Gobierno para garantizar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24 de la Constitución Española, y reducir los tiempos de ejecución de las sentencias?
• ¿Tiene contemplado el Gobierno la creación de más órganos de ejecución especializados que reviertan esta situación inconstitucional e injusta?
• ¿Tiene el Gobierno intención de reformar los procedimientos judiciales para facilitar la ejecución de las resoluciones dictadas por los Tribunales?
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.