El diputado de VOX por Cádiz, Agustín Rosety

VOX reclama al Gobierno soluciones para evitar el cierre de Navantia

La formación también exige la mejora de las conexiones ferroviarias en Cádiz

El diputado por la provincia de Cádiz Agustín Rosety, junto con el diputado por Asturias, José María Figaredo, han presentado una serie de preguntas al Gobierno sobre el Plan Estratégico de la empresa Navantia SA que prevé, según las últimas publicaciones en prensa, una serie de prejubilaciones que se traducirán en una reducción de un 44% de los puestos de trabajo.

En concreto, en los centros de la Bahía de Cádiz, la reducción de puestos será todavía mayor reduciéndose en hasta un 64% el número de empleos.

Una situación “preocupante”, en palabras de Rosety y Figaredo, ya que Navantia, aparte de ser un sector estratégico industrial y trascendente para la defensa nacional, también es un motor de generación de empleo a nivel local, provincial y regional.

Tanto es así que la empresa generó en el período entre 2015 y 2018  un 21% del Valor Agregado Bruto (VAB) de Cádiz con 12.690 empleos directos, indirectos y externalizados que suponen el 36% del empleo industrial y un 3.6% del empleo total.

Por lo que, de llevarse a cabo este ERE, resultante del llamado Plan Estratégico, se agravaría la alarmante destrucción de empleo en Cádiz y en su provincia, con centros casi parados como es el caso de Puerto Real.

Es por ello, y ante el hecho de que el futuro de la planta industrial naval en Cádiz “está seriamente comprometido” con importantes consecuencias de orden logístico, económico y social, que los diputados del GPVOX preguntan al Gobierno:

  1. ¿Cuál es la carga de trabajo prevista de construcción civil o militar para el astillero de Puerto Real?
  2. ¿Estaría dispuesto el gobierno a que SEPI o Navantia le asignase la construcción de al menos dos buques completos?
  3. ¿Se consideraría viable incluir en el Plan estratégico el desarrollo de la tecnología para construcciones civiles de nuevo diseño, o ello está descartado por la empresa?
  4. ¿Puede asegurarse que, desistiendo de las mencionadas u otras iniciativas que pudiesen considerarse, no se cerrará o subarrendará dicho astillero o algún otro de los centros en Cádiz, agravando la ya crítica situación de desempleo?
  5. ¿Cuál es el impacto de todo ello en la situación económica de la empresa y la situación de la Bahía frente al conjunto? En este estado de cosas ¿puede prever el gobierno un balance y cuentas en positivo al cierre del próximo 2019, ya que no fue posible en el ejercicio anterior?

Preocupación por las infraestructuras viarias y turísticas en Cádiz

El diputado Agustín Rosety junto con la diputada por Madrid, María Ruiz, han querido denunciar también el hecho de que ni en la Bahía de Cádiz ni en la de Algeciras cuenten con una línea férrea de alta velocidad.

Es más, en el caso de Algeciras la línea ni siquiera está electrificada a pesar de ser el puerto más importante del sur de Europa.

La última avería se produjo el pasado 28 de julio cuando el tren se quedó parado en Jimena de la Frontera y, cuatro días antes, ni siquiera pudo salir de Algeciras.

Ambos diputados han instado al Gobierno a mejorar las conexiones ferroviarias para favorecer la circulación de mercancías, trabajadores y turistas.

“Es una emergencia que revela la desidia por parte de Adif o Renfe y del propio Gobierno que hacen dudar de que las obras de modernización del trazado vayan a realizarse con la debida celeridad”.

Por todo ello, las preguntas registradas en el Congreso han sido las siguientes:

  1. ¿Qué medidas han adoptado ADIF, como gestor de infraestructuras ferroviarias, y Renfe para dar solución al precario estado de precariedad de enlace ferroviario que padecen Algeciras y el Campo de Gibraltar?
  2. En particular, ¿por qué el Proyecto de ADIF número 20180176 habla de electrificación del tramo Bobadilla-Ronda y no Bobadilla-Algeciras?
  3. ¿En qué situación se encuentra el proyecto y las obras del corredor ferroviario?

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.