Rodrigo Jiménez

VOX vota en contra de la Tasa Google del Gobierno: ‘No es un impuesto proporcional’

El Grupo Parlamentario VOX ha defendido en el Congreso una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la «Tasa Google».

El portavoz adjunto de VOX en la Comisión de Hacienda, Rodrigo Jiménez, ha criticado el plan de subida masiva de impuestos del Gobierno. En primer lugar porque pese a ser calificado en el proyecto de ley como un impuesto indirecto, se trata en realidad de un impuesto directo que supondrá un claro caso de «doble imposición», erosionando la competitividad empresarial.

Además el proyecto de ley sería perjudicial por estos motivos:

-En Europa solo Francia, Italia y Hungría tienen aprobado este impuesto, por lo que VOX entiende que la  implantación de esta figura impositiva en España generaría una clara distorsión en el mercado europeo.

-La aplicación de este impuesto revertería directamente en un incremento en el precio final a pagar por los consumidores en relación con determinados servicios digitales. Según la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la información, Comunicaciones y Electrónica, y la Asociación Española de la Economía Digital estimaron, en informe de enero de 2019, una cantidad de entre 515 y 665 millones como incremento a pagar por los consumidores españoles.

-El proyecto de Ley tendría efectos negativos sobre las empresas usuarias de los servicios digitales, entre las que se encuentran numerosas PYMEs y startups, ya que experimentarían una pérdida de su beneficio operativo por el incremento de los costes, incrementando la ventaja de exportadores extranjeros frente a los españoles y la reducción de la productividad y competitividad.

-Este impuesto estaría gravando unos ingresos brutos empresariales sin la reducción de los gastos necesarios para su consecución. En este sentido, gravar unos ingresos brutos que, descontados los gastos necesarios para su consecución, podría dar como resultado una diferencia insuficiente, o negativa, para el pago del nuevo impuesto, tendría un carácter claramente confiscatorio, contrario a la Constitución Española y a la Ley 58/2003.

-En el caso de que este impuesto se aplicara sobre empresas en las que sus beneficios no alcanzaran el 6% de sus ingresos brutos, nos encontraríamos en una potencial situación confiscatoria contraria a derecho. Se suma el hecho de que esta situación supondría un agravante añadido para su viabilidad empresarial.

-Es un impuesto que incrementa los costes de producción de los servicios, con un efecto similar al de los impuestos especiales.

«Se trata del pistoletazo de salida a la masiva subida de impuestos que nos espera a todos los españoles. A este impuesto, van a secundarle el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la armonización del Impuesto sobre Sociedades, la modificación del Impuesto sobre la Renta, la subida de impuestos al diésel a través de llamada fiscalidad verde el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones», ha señalado el diputado de VOX.

Asimismo, desde el GPVOX se considera que este proyecto de ley no cumple con lo dispuesto en el artículo 129 de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas debido a lo siguiente:

-Según lo dictado en la disposición final tercera, la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá cambiar los umbrales cuantitativos, el tipo impositivo del impuesto, o los supuestos de no sujeción al mismo, lo que no cumple con los principios de seguridad jurídica y transparencia.

-Respecto al principio de eficiencia, se considera que los costes de implementación de un impuesto, supuestamente temporal, tanto para la Administración como para el contribuyente, no se verán compensados por la recaudación del mismo, máxime si se esperan nuevas normas internacionales (que requerirán de nueva adptación) en el tiempo que costaría implementar este impuesto unilateral.

-Un impuesto como el propuesto daría lugar a resultados distorsionados debido a su finalidad de asignar tributación a un país específico a través de la tributación de los ingresos de facturación. En este contexto, el impuesto contemplado duplicaría con creces la carga impositiva actual soportada por muchas entidades. Como resultado, el impuesto no sería proporcional.

El diputado de VOX ha señalado que la subida impositiva del Gobierno tiene, por un lado, el objetivo de mantener la agenda ideológica de PSOE y Podemos y, por otro, el gigantesco tamaño del Ejecutivo. «Esta subida de impuestos tiene un afán claramente recaudatorio para mantener su agenda ideológica y su elefantiásico Gobierno con un sinfín de altos cargos y asesores nombrados a dedo, que suponen alrededor de más de 75 millones de euros anuales, es decir un 46% más desde que el Señor Sánchez aterrizó en Moncloa, y todo esto en un momento de crisis sin precedentes. A esto señora ministra como lo denominamos, ¿predicar con el ejemplo?».

Asimismo, Jiménez ha asegurado que entre los socios del Gobierno hay voces que admiten que «de algún lado habrá que sacar el dinero», si el Gobierno quiere bajar el déficit y subir el gasto al mismo tiempo.

Para el diputado de VOX el Gobierno «cuadra las cuentas esquilmando a los empresarios y a los españoles mientras mantienen sus privilegios», y ha recordado que frente al déficit se puede actuar de tres maneras: Optimizando la estructura de la administración, haciéndola más ágil y eficiente; incrementando impuestos o una combinación de los dos. «Desgraciadamente, el Gobierno ha optado por la vía más lesiva para los ciudadanos y empresas: una brutal subida de impuestos, con la excusa de ‘nuestra baja presión fiscal que da margen de subida'».

Asimismo, el diputado de VOX ha vuelto a incidir en la evidencia: la subida de impuestos siempre repercute negativamente en las familias. «¿Adivinan ustedes quién pagará finalmente este impuesto? Efectivamente, el consumidor final. Aquellas familias a las que por un lado se les dio la posibilidad de retrasar, retrasar que no eximir, el pago de servicios de telecomunicaciones, van a ver como en un futuro tendrán que pagar un extra por ciertos servicios digitales».