Jaca – El Ayuntamiento de Jaca rechazó este martes la moción presentada por Chunta Aragonesista (CHA), que buscaba trasladar al pleno municipal las polémicas surgidas en torno al tratamiento de datos y la supuesta falta de neutralidad política en algunas actividades docentes del IES Domingo Miral.
La iniciativa, defendida por la portavoz de CHA, Laura Climente, sólo contó con el respaldo de PSOE y Podemos, mientras que fue rechazada por el equipo de gobierno: PP, Aragoneses y VOX, además del PAR, evidenciando así la falta de respaldo institucional de la moción.
El origen del conflicto se sitúa en un cuestionario elaborado para el alumnado de 4.º de ESO que, tras las quejas de varias familias por la inclusión de datos personales sensibles, fue objeto de revisión. A raíz de estas preocupaciones, la concejal delegada de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Jaca solicitó información a la dirección del centro y a la Inspección Educativa.
Durante el pleno se puso de manifiesto que la propia Inspección intervino y obligó a modificar el cuestionario, eliminando elementos identificativos y garantizando su anonimato, una corrección que varios grupos consideraron clave para entender el fondo del asunto.
Pese a ello, la moción de CHA centró buena parte de su argumentación en cuestionar la actuación de la edil de VOX y en trasladar el debate al terreno político, una orientación que fue criticada por los grupos que votaron en contra, al considerar que contribuía a amplificar una controversia sobre un problema ya corregido.
Uno de los aspectos más discutidos fue la referencia al supuesto uso indebido de imágenes de menores en redes sociales. La concejal de VOX, Marta Moreno, rechazó de forma tajante estas acusaciones durante la sesión, señalando que las imágenes difundidas se correspondían con un resumen de su actividad municipal. Asimismo, expuso ejemplos de publicaciones en redes sociales de otras formaciones en las que también aparecen menores participando en actividades públicas, algunas de carácter político.
Asimismo, VOX criticó que la iniciativa incorporase alusiones a presuntas presiones políticas en el ámbito educativo, interpretándolo como un intento de reforzar un relato político más que de aportar soluciones al caso concreto.
Durante el debate también se abordó el papel de las instituciones en el ámbito educativo. Mientras CHA defendió su propuesta en términos generales, los grupos que la rechazaron insistieron en que la prioridad debía centrarse en garantizar la protección de los menores y atender las inquietudes de las familias, más que en trasladar el conflicto al ámbito institucional.
El rechazo de la moción dejó en minoría a sus promotores y puso de relieve la falta de consenso en torno a una iniciativa que, según sus detractores, partía de un enfoque parcial y no tenía en cuenta la corrección aplicada tras la intervención de la Inspección Educativa.
Tras la votación, la concejal de VOX defendió que su actuación fue “responsable y ajustada a derecho”, insistiendo en que la modificación del cuestionario confirma la necesidad de haber actuado ante las dudas planteadas.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la sensibilidad de los asuntos relacionados con menores y educación, así como el riesgo de que este tipo de cuestiones deriven en enfrentamientos políticos que trascienden el ámbito estrictamente educativo.
