VOX Melilla ha presentado una moción ante la Asamblea para reformar los requisitos de acceso al Ingreso Melillense de Integración (IMI) y a la Prestación Básica Familiar (PBF).
Proponemos reservar ambas ayudas a personas con residencia legal en España que acrediten una situación real de vulnerabilidad y un arraigo efectivo, duradero y verificable.
El presidente de VOX Melilla y portavoz del Grupo Mixto VOX, José Miguel Tasende, ha explicado que la iniciativa parte de una premisa elemental.
Los recursos públicos son limitados y deben administrarse con responsabilidad, justicia y respeto hacia quienes sostienen el sistema con su trabajo, sus cotizaciones y sus impuestos.
Además, Tasende ha recordado que las prestaciones sociales son posibles gracias al esfuerzo acumulado de generaciones de españoles.
Por ello, considera abusivo conceder ayudas sin exigir residencia legal y una vinculación suficientemente acreditada con Melilla.
Una ayuda temporal para recuperar la autonomía
El IMI es una prestación dirigida a personas o familias que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas.
Asimismo, incorpora un itinerario de inserción social y laboral destinado a favorecer la recuperación de la autonomía personal.
Por su parte, la Prestación Básica Familiar atiende necesidades esenciales de personas en riesgo o situación de exclusión que no reúnen los requisitos del IMI.
En este sentido, VOX Melilla defiende que ambas prestaciones constituyan un apoyo temporal y orientado a la inserción.
No deben convertirse, según la formación, en mecanismos permanentes de dependencia respecto de la Administración.
Además, las ayudas deben vincularse a compromisos verificables de formación, búsqueda de empleo, escolarización e integración.
«La solidaridad sin responsabilidad termina siendo injusta para quien paga y perjudicial para quien permanece indefinidamente en la ayuda», ha señalado Tasende.
Los datos aconsejan revisar los criterios
Según la documentación oficial de 2022, el IMI benefició a 89 unidades familiares, con un coste anual de 147.278,18 euros.
De esos titulares, 42 figuraban como nacionales y 47 como inmigrantes.
Además, las unidades de convivencia sumaban 131 nacionales y 168 inmigrantes.
A juicio de VOX Melilla, estos datos aconsejan revisar los requisitos de acceso.
No obstante, Tasende ha precisado que las cifras no justifican ningún juicio por razón del origen.
Sin embargo, considera necesario comprobar con mayor rigor la residencia legal, el empadronamiento efectivo y el arraigo.
«No hablamos de raza, religión o lugar de nacimiento. Hablamos de legalidad, arraigo y justicia en la asignación de recursos escasos», ha afirmado.
Además, ha añadido que un extranjero con residencia legal y arraigo acreditado no se encuentra en la misma situación que quien carece de ambos requisitos.
Atención humanitaria sí; acceso ordinario, con requisitos
Por otra parte, la moción diferencia entre la asistencia básica de urgencia y el acceso ordinario a prestaciones económicas periódicas.
VOX Melilla sostiene que la atención humanitaria no debe confundirse con el acceso automático al sistema de rentas mínimas.
Por tanto, el IMI y la PBF deben estar sujetos a requisitos objetivos y verificables.
Quien afronte una urgencia vital debe recibir atención porque así lo exige la dignidad de toda persona.
Sin embargo, una prestación periódica exige residencia legal y una vinculación real con Melilla.
Requisitos propuestos
Con este objetivo, la moción plantea modificar el Reglamento regulador de las ayudas económicas y servicios para la atención de necesidades sociales.
En consecuencia, VOX propone exigir residencia legal en España.
Asimismo, plantea acreditar un empadronamiento efectivo y continuado en Melilla.
Igualmente, será necesario demostrar un arraigo real, duradero y verificable.
Además, deberán acreditarse la trayectoria laboral, la formación, la cotización o la contribución al sistema.
Por último, los beneficiarios deberán cumplir los itinerarios de inserción social y laboral.
«La prioridad nacional es justicia social».
Finalmente, Tasende ha defendido que esta reforma responde al principio de prioridad nacional.
Según ha explicado, ese principio supone atender primero las necesidades de los españoles y de quienes mantienen una vinculación legal y efectiva con la comunidad.
Además, ha recordado que en Melilla existen familias con dificultades para afrontar el alquiler, la alimentación o los suministros.
También hay jóvenes sin vivienda, trabajadores con empleos precarios y personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Por ello, considera injusto rebajar los requisitos de acceso a prestaciones limitadas.
«La prioridad nacional no significa abandonar a quien atraviesa una emergencia. Significa administrar los recursos públicos con justicia y responsabilidad», ha concluido Tasende.
