El GP Municipal VOX en Las Palmas de Gran Canaria presentó en el pleno celebrado el viernes 22 de marzo, una moción para la supresión del impuesto de plusvalía a partir del 1 de enero de 2025.
Alberto Rodríguez Almeida explicó que el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales configura el impuesto de plusvalía como potestativo y que cada ayuntamiento tiene que decidir si lo cobra o no. El ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria decidió cobrarlo desde el 1 de enero de 1990. También explicó que se trata de un supuesto de doble y triple imposición, que se hace más injusto e injustificable ante el actual remanente desorbitado de tesorería, como consecuencia de la falta de ejecución presupuestaria de varios gobiernos municipales. El grupo de gobierno rechazó la moción.
Rafael de Juan Miñón defendió, por otra parte, una moción en la que se solicitó que el grupo de gobierno considerase la instalación de bancos inclusivos para personas con movilidad reducida con silla de ruedas en nuevas nuestras plazas, parques y jardines, así como en la reposición del mobiliario urbano deteriorado u obsoleto. Se trataba de situar a las personas con sillas de ruedas en el centro del banco en un espacio habilitado para tal menester, no dejándolas a los lados, como parte externa. De esta forma se facilitaban los aspectos de comunicación e inclusión de las personas con movilidad reducida. Nuevamente la moción no prosperó por los votos en contra del grupo de gobierno.
En la comparecencia solicitada por VOX del concejal del gobierno municipal José Eduardo Ramírez Hermoso, de Nueva Canarias y delegado del Área de Movilidad y Empleo, para que informase si iba a adoptar medidas para evitar el riesgo que suponen los vehículos de movilidad personal que circulan por los carriles bici, especialmente, cuando esos carriles bici discurren por una acera. Le recordó que esos carriles bici contravienen el artículo 25.5 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. También le instó a aplicar las medidas propuestas en una moción de VOX de octubre de 2023 en la que, después de explicar las ventajas de los ciclocarriles (menor coste de implantación, ya que no necesitan obras, sino sólo señalización; circulación en el mismo sentido que la vía evitando los riesgos inherentes a la circulación en doble sentido; no reducen la capacidad de la vía evitando el actual estrangulamiento de vías principales de la ciudad; y discurren exclusivamente por la calzada manteniendo las aceras como una zona segura para los peatones que son los más vulnerables en la seguridad vial) le instaban priorizar la implantación de ciclocarriles sobre los carriles bici en futuros desarrollos y a convertir en ciclocarriles los actuales carriles bici.
