La iniciativa parte de una premisa clara: las dependencias públicas son espacios administrativos donde se realizan trámites con efectos jurídicos, se gestionan datos personales y se presta atención directa a los ciudadanos. En determinados servicios presenciales, la identificación visual del rostro es un requisito funcional imprescindible para verificar la identidad, prevenir suplantaciones y garantizar la seguridad de empleados públicos y usuarios.
VOX subraya que la propuesta no se dirige contra ninguna confesión religiosa ni colectivo concreto, sino que establece una condición objetiva y general aplicable a cualquier prenda —religiosa o no— que impida la identificación facial. La regulación se limitaría exclusivamente al ámbito de las dependencias insulares y no afectaría en ningún caso a la vía pública, donde el Cabildo carece de competencia para imponer restricciones generales de vestimenta.
La moción plantea:
– Establecer como condición de acceso y uso de las dependencias insulares la posibilidad de identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de identidad.
– Definir como ocultación integral del rostro aquellas prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial, incluyendo, a título enunciativo, el niqab, el burka u otras similares.
– No permitir el acceso o permanencia en dependencias insulares cuando se produzca dicha ocultación, con carácter general e independiente del origen o motivación de la prenda.
– Encomendar a los servicios jurídicos la redacción de una norma interna que desarrolle esta regulación con garantías de claridad y publicidad.
– Excluir expresamente los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral.
Desde VOX se defiende que el Cabildo, en ejercicio de su potestad de autoorganización, puede y debe establecer condiciones proporcionadas y objetivas que garanticen el correcto funcionamiento del servicio público y la seguridad jurídica.
La formación considera que esta iniciativa abre un debate necesario sobre el equilibrio entre derechos individuales y las obligaciones derivadas del uso de servicios públicos, reafirmando que el acceso a la Administración debe desarrollarse en condiciones que aseguren transparencia, identificación y protección de todos los ciudadanos.
