Javier Diego exige una reforma urgente de la Ley de Seguridad Privada para acabar con el fraude, la pérdida salarial y la inseguridad en servicios esenciales.
VOX Melilla ha mantenido una reunión con representantes del sector de la Seguridad Privada en la ciudad autónoma.
En la que se ha puesto manifiesto y una situación límite, insostenible y profundamente injusta que afecta a cientos de trabajadores que desempeñan funciones esenciales:
en hospitales, centro de menores, infraestructuras críticas, eventos públicos y edificios oficiales.
Los vigilantes de seguridad privada han sufrido una perdida de más del 35% de su poder adquisitivo real en los últimos seis años.
Muy por encima de la media nacional, como consecuencia de convenios insuficientes, jornadas abusivas y una absoluta falta de control por parte de las administraciones.
Estamos hablando de profesionales que trabajan de noche, en festivos, solos, durante turnos de hasta 12 horas, por salarios indignos y con pluses de peligrosidad ridículos.
Mientras se les exige actuar como primeros intervinientes en situaciones críticas.
Durante el encuentro se denunció que solo el 15% de los vigilantes a nivel nacional ha superado los exámenes de la Policía Nacional.
Permitiéndose que academias privadas expidan habilitaciones profesionales previo pago, sin los filtros físicos ni formativos exigibles.
Una práctica que pone en riesgo la seguridad de trabajadores y ciudadanos.
VOX Melilla alerta del uso fraudulento de figuras inexistentes como los «auxiliares de servicios» para sustituir vigilantes cualificados en contratos públicos.
Abaratando costes a costa de la seguridad real en hospital, centros de menores o eventos multitudinarios.
«No puede ser que servicios críticos se cubran con personal sin formación»
Mientras los vigilantes titulados son explotados, rotados sin descanso y amenazados con el paro si no aceptan condiciones ilegales.
Falta de medios básicos, como desfibriladores en edificios públicos , la imposibilidad de defenderse legalmente ante agresiones, y la inseguridad jurídica constante en el ejercicio de sus funciones.
La Ley 5/2014 de Seguridad Privada está obsoleta, mal aplicada y llena de lagunas.
Exigimos una reforma integral de la ley y sus reglamentos:
controles reales por la Policía Nacional, inspecciones efectivas a empresas adjudicatorias de contratos públicos, el reconocimiento de la peligrosidad real del sector con salarios y descansos dignos, la eliminación del fraude en cotizaciones, subrogaciones y bonificaciones públicas.
«La seguridad no puede gestionarse como un negocio low cost. O se protege al profesional y se cumple la ley, o se está jugando con la seguridad de todos».
Vox Melilla llevará esta problemática a las instituciones para exigir responsabilidades políticas y administrativas y defender a un sector olvidado, explotado y absolutamente esencial para el funcionamiento de la ciudad.
