El pasado mes de febrero desde VOX Melilla se solicitó al presidente de la Ciudad información para saber cuándo se remitieron a la fiscalía diversos expedientes sobre contratación. Dichos contratos estaban firmados entre 2016-2019, por el anterior Gobierno, y se pedían porque el Tribunal de Cuentas había encontrado irregularidades en ellos.
“Pensábamos que con estos antecedentes se habrán acabado estos contratos, pero no, yo no sé lo que pasa con la contratación en la Ciudad Autónoma”, asegura José Miguel Tasende, presidente de VOX Melilla, en rueda de prensa para añadir: “Yo no sé si los actuales gestores han decidido cambiar las cosas a bien o a peor, además me da la impresión de lo que quieren es subrogarse al modo de la anterior”.
El contrato puente en cuestión que centra esta rueda de prensa es uno de los primeros firmados entre la Consejería de Educación, cuya titularidad pertenece a Elena Fernández Treviño, y la empresa CLECE por un valor del más de 14.000€ para sufragar la limpieza del CEIP Real, con una duración de dos meses y medio.
Lo curioso de esta transacción es que no lo firma la titular de la consejería, Elena Fernández Treviño, sino que lo firma la vicepresidenta del Gobierno, Gloria Rojas Ruiz, y por parte de la empresa su representante legal, Juan José Rojas Ruiz, hermano de la vicepresidenta. “¿Qué casualidad?, ¿Por qué no lo firmo la Sra. Treviño? y ¿Por qué lo firmó la Sra. Rojas?”, cuestiona el dirigente local.
“¿Se dan cuenta de que están incurriendo en una ilegalidad y una inmoralidad?”, pregunta Tasende. La firma de este contrato vulnera la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, el Real Decreto 2568/1986 del Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la ley 30/2007 de contratos del Sector Público, entre otras. Pero, sobre todo, “pisotea la moralidad publica, la transparencia, dejando espacio a la corrupción, al amiguismo y al nepotismo”, sentencia el presidente.
Para VOX Melilla todo esto tiene una solución, que pasa porque “unos y otros se vayan a donde tienen que ir y pasa también por una doble medida que hay que tomar ya y ya debería estar funcionando”. “Debería haber un secretario, un tesorero y un interventor que sean funcionarios con una capacitación e independencia que les permita impedir que pasen estas cosas y una oficina antifraude eficaz en el seno de la Administración local”, propone el partido.
Toda esta propuesta daría “garantías” de que se va a respetar el dinero público, pero lo que queda claro para VOX Melilla es que “este es del principio, y si se empieza así, ya veremos que viene detrás, iremos investigando”, sentencia Tasende.
