Ante la sanción de la Generalidad contra el profesor Francisco Oya

  1. Entendemos que la desmesurada y arbitraria sanción al profesor Francisco Oya se enmarca en una política de acoso generalizado que la administración autonómica catalana viene aplicando a los funcionarios que han evitado secundar el proceso separatista, ante la pasividad, cuando no complicidad, del Gobierno de la Nación.

 

  1. La Educación es el recurso fundamental que el separatismo ha usado desde el principio, y cada vez más abiertamente, para promover la secesión. Para evitar este riesgo contra la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles, VOX promueve el retorno de las competencias educativas al Estado, en sintonía con todos los países de nuestro entorno. Lo cual es, además, una medida fundamental para cerrar la fractura social que de modo tan irresponsable han provocado los separatistas entre la población catalana.

 

  1. Sólo la vuelta a un único sistema educativo para toda España, con libre elección de lengua vehicular de enseñanza, permitirá a medio plazo que la educación pública sea un instrumento de cohesión nacional asumido por la totalidad de la población, en lugar de una imposición humillante dirigida por políticos cuyo único objetivo es destruir la convivencia, promoviendo un inaceptable supremacismo y pasando por encima de los derechos individuales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

 

  1. Ante la gravedad de la situación, VOX requiere al Gobierno de la Nación para que implemente las siguientes medidas con carácter de urgencia:
  • Ordenar a la Alta Inspección Educativa del Estado que elabore un informe exhaustivo en relación a los casos de acoso, sobre funcionarios asumidos por la Generalidad de Cataluña, a partir del proceso separatista del 1 de octubre de 2017.
  • Instar a la Fiscalía para que investigue las circunstancias relacionadas con la apertura, instrucción y resolución del expediente disciplinario al profesor Francisco Oya, por si fueran constitutivas de delito.
  1. Hay que recordar que los profesores de la enseñanza pública obligatoria son funcionarios del Estado, si bien transferidos a las Comunidades Autónomas. Y bajo ninguna circunstancia puede el Estado dejar abandonados a sus funcionarios, especialmente a aquellos que se han distinguido por la defensa de la legalidad, ante los ataques promovidos por golpistas y enemigos del Estado de Derecho.