En Valladolid, a 31 de enero de 2023 – José Antonio Palomo, procurador por Ávila, junto a los portavoces del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha registrado en el día de hoy una Proposición No de Ley en la que se exige al Gobierno de Sánchez la inmediata retirada del Proyecto de Ley de protección, derechos, y bienestar de los animales, por ser totalmente contraria a los intereses del mundo rural.
Desde una perspectiva racional de máximo respeto y protección hacia los animales, el grupo parlamentario VOX considera inasumible hablar de “derechos de los animales”, ya que se trata de un auténtico despropósito jurídico, ya que los animales no pueden ser considerados sujetos de derecho. El Proyecto de Ley del Gobierno de la Nación, en virtud de esos supuestos derechos, señala a los propietarios como potenciales agresores, maltratadores o explotadores de animales, pretendiendo subvertir la propia naturaleza de la relación ente los animales y sus dueños.
El texto normativo, ya desde su exposición de motivos, interpreta la ley según sus intereses ideológicos, ya que nos habla de “seres dotados de sensibilidad cuyos derechos deben protegerse, tal y como recogen el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Código Civil Español”, cuando en dicho tratado, no se habla en ningún momento de “derechos de los animales” sino de la protección de su bienestar, respetando siempre las “costumbres de los Estados miembros relativas, en particular a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”. Es decir, se establece el mandato de legislar respetando las tradiciones culturales y el patrimonio regional de los Estados miembros, justo lo contrario a lo que hace este Proyecto de Ley.
Además, se trata de una Ley contraria a los propios animales, y donde tampoco se tienen en cuenta las necesidades de nuestro campo, al equiparar a todas las especies sin distinción alguna y sin observar la propia naturaleza de los animales, ya que no establece distinción entre, por ejemplo, un animal de compañía o un ave de cetrería.
Nos encontramos, por lo tanto, ante un texto profundamente restrictivo, arbitrario y plagado de ambigüedades, lo cual es especialmente preocupante teniendo en cuenta que afectan al régimen sancionador previsto (artículos 80 y ss.), lo cual devendrá en una gran inseguridad jurídica.
Este ataque al mundo rural, con el que no se ha contado en ningún caso para la elaboración de este Proyecto de Ley, queda patente al estudiar la Memoria de Análisis de Impacto Normativo: en esta Memoria se aboga por el fin de la tauromaquia y de los festejos populares relacionados con la misma o la prohibición de la caza y pesca deportivas.
Tampoco se puede obviar otro de los agravios que el Gobierno de Sánchez viene infringiendo contra el mundo rural y no es otro que la situación actual existente con respecto del lobo y los ataques a la ganadería, los cuales se ven agravados por el empeño por impedir que se realice un control de población racional de este depredador.
Pues bien, el Gobierno de España ha decidido, pasando por encima de los gobiernos regionales que se ven afectados por el problema, imponer un modelo fallido en toda España. Las consecuencias, anunciadas desde el mismo momento en el que se planteó esta cuestión, son demoledoras para la ganadería y para el mundo rural.
El mundo rural necesita que se solucionen sus problemas, no que se añadan trabas que dificulten aún más la vida en el mismo. Por todo ello, en la iniciativa registrada en el día de hoy, el grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
“Las Cortes de Castilla y León, instan a la Junta de Castilla y León a:
- Exigir al Gobierno de España la retirada inmediata del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, por ser contrario a los intereses de los españoles y, en particular, del mundo rural.
- En cualquier caso, e independientemente de la respuesta del Gobierno de España o del destino final del mencionado Proyecto de Ley, a tomar todas las medidas, dentro del marco de sus competencias, encaminadas a proteger al mundo rural de Castilla y León, especialmente a los sectores agrícola, ganadero y cinegético frente a las imposiciones de carácter restrictivo, emanadas del Gobierno de España, que supongan un perjuicio para el desarrollo de su actividad.
- Exigir al Gobierno de España que derogue la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre y deje sin efecto de forma inmediata su Disposición Adicional Primera para posibilitar la realización de controles de población de lobo al norte del río Duero. Del mismo modo, que se dirija a la Unión Europea para exigir que se modifique la Directiva 94/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la conservación de la fauna y flora silvestres en lo tocante al control de la población del lobo al sur del río Duero, posibilitando dicho control poblacional en esa franja territorial”.