En Valladolid, a 17 de noviembre de 2022 – Con motivo de la celebración de el Día Internacional del Niño el próximo 20 de noviembre y la conmemoración de los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), el grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha presentado una declaración institucional al resto de grupos parlamentarios para su conformidad y así poder elevarla a la Presidencia para su posterior aprobación en la Mesa de las Cortes.
El texto de la declaración enviada al resto de grupos que componen el arco parlamentario es el siguiente:
El 20 de noviembre es un día importante: se celebra el Día Universal del Niño y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989).
Los niños son ese precioso tesoro, merecedor del mayor amor y respeto, que se da a cada generación como un reto a su sabiduría y sensibilidad y es preciso defender el interés superior del menor, así como los derechos de los niños, su sencillez e inocencia. Efectivamente, el artículo 39.4 de la Constitución Española dispone que «los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Además, España ratificó el 30 de noviembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 31 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificado por España el 2 de mayo de 1972, el noveno párrafo de su preámbulo sirve de perspectiva a través de la cual se interpreta el resto de la Convención: «Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento»».
En consecuencia, Las Cortes de Castilla y León quieren reafirmar su compromiso en la defensa de los derechos de los niños que en el momento actual están siendo vulnerados por leyes y políticas irracionales, que en vez de ampararles ejercen una violencia contra ellos.
En primer lugar, esta cámara reprueba y rechaza la legislación injusta representada por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que priva de la debida protección legal antes del nacimiento de los niños, vulnerando el derecho a la vida que la Constitución en su artículo 15 reconoce a todos.
Además, esta cámara rechaza y reprueba las diversas leyes educativas, representadas por la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (8/1985), la Ley Orgánica de Educación (2/2006) y la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (3/2020), que atacan la inocencia de los niños y vulneran la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución y que, conforme a la jurisprudencia constitucional, se halla en «interacción» con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación moral que desean para sus hijos (STC 74/2018, de 5 de julio de 2018).
Asimismo, esta cámara reprueba y rechaza la eventual promulgación del Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, por cuanto otorgará a menores de edad una supuesta aptitud para prestar un consentimiento viciado, con apariencia de derecho, para consumir fármacos, drogas o sustancias químicas con propiedades hormonales, así como permitirá que sean objeto de procedimientos y prácticas intrusivas e invasivas, tales como esterilizaciones y cirugías que acarrearán la irreversible mutilación genital femenina y masculina de menores, contrarias a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de la persona que se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la integridad física (arts. 10 y 15 de la Constitución).
Del mismo modo, esta cámara rechaza y reprueba las políticas y protocolos que dimanan de la así llamada Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (1/2004), que han desprotegido a los menores, privándoles de que sus padres y madres puedan ejercer legítimamente un régimen de custodia compartida en favor del interés superior del menor, y han propiciado situaciones de desigualdad e injusticia, hasta el punto de desamparar a menores ante casos de violencia en el ámbito doméstico. Es el caso de la niña Olivia, asesinada por su madre en Gijón, Asturias, en el contexto de una separación contenciosa.
Por último, esta cámara reprueba y rechaza las políticas de inmigración masiva que representan diversas estrategias internacionales y nacionales, como la Agenda 2030, y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que han traído la inseguridad a demasiados barrios en toda Europa, con consecuencias dramáticas para los niños como el brutal crimen de Lola, la pequeña asesinada por una inmigrante ilegal en París, Isla de Francia, Francia.