Esmeralda Recio, que actualmente tiene delegadas las funciones de Alcaldía de Loeches, ha sido la encargada de leer la declaración institucional de este Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer. Según la concejal de VOX, “esta es la única declaración posible en un día como hoy, ya que las actuales leyes ideológicas del Gobierno atacan a las mujeres y es necesario derogarlas todas”.
A continuación, transcribimos la declaración realizada por la segunda teniente de alcalde y concejal de Educación, Familia e Infancia:
“Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conviene hacer memoria y confrontar con la realidad los supuestos avances que se han conseguido para el bienestar de las mujeres en España en los últimos años, lejos de las consignas ideológicas que han tratado de colonizar y utilizar interesadamente este día.
Empezando por lo más básico, la seguridad y la propia vida, las políticas del Gobierno nos han perjudicado gravemente a las mujeres en este ámbito. En 2023 fueron asesinadas 58 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el dato más alto desde 2015.
Lejos de protegernos, las inversiones multimillonarias –20.000 millones en inversiones del gobierno en políticas de igualdad hasta 2025-, adoctrinamiento feminista y subvenciones a organizaciones radicales no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y la protección de las mujeres. Especialmente su gran herramienta legislativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como Ley del Sí es Sí, ha permitido la excarcelación, hasta el día de hoy, de 126 violadores, pederastas y criminales sexuales, y la rebaja de penas a 1.233.
Entre todas las actuaciones de este gobierno que han afectado a la tranquilidad y seguridad de las mujeres, destacan tristemente los efectos de las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal que, junto con la falta de medios para nuestras FCSE y la falta de una legislación dura con la delincuencia, han provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años. Según el último informe específico de la Fiscalía, referido a 2022, los delitos sexuales crecieron un 12% respecto al año anterior, especialmente los abusos en grupo, y los delitos de esta índole cometidos por menores se han disparado un 116% en el último lustro.
Las políticas trans, bajo el principio de la autodeterminación de género, difuminan la identidad de las mujeres con consecuencias prácticas como la intromisión de hombres en competiciones deportivas, en concursos de oposición para el acceso a la función pública o en espacios íntimos que tienen que compartir, como vestuarios o baños.
Por todo ello, frente a la utilización, difuminado y abandono de las necesidades reales de las mujeres, exigimos que se garantice toda la asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y a sus hijos, sin importar la identidad sexual con que se autoperciba el agresor, trabajando especialmente en la prevención, identificando las causas reales y los perfiles repetidos de los agresores.
Exigimos que se identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la “Ley del Sí es Sí”, estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres. Igualmente, se deben demandar responsabilidades a los partidos y las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos criminales sexuales.
Exigimos que se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, así como tomar las medidas necesarias para la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito sexual.
Exigimos que se erradiquen los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer.
Exigimos que se evite que, en el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas.Exigimos, por último, la eliminación del ministerio de Igualdad y de todos los entes, organismos, observatorios y programas de subvenciones a asociaciones radicales que viven del enfrentamiento social, el adoctrinamiento a menores, despilfarrando el dinero público que se necesita para mejorar la vida de todos los españoles”.
