Amaia Martínez, parlamentaria vasca de VOX, ha reivindicado una apuesta decidida de los gobiernos español y vasco por avanzar hacia la soberanía energética de España, y en consecuencia del País Vasco, una apuesta por la explotación de recursos propios como el gas existente en subsuelo alavés, por el aprovechamiento de centrales nucleares como la de Garoña, cuyo cierre impulsó desde la CAV el PNV y su socio socialista.
En la presentación del plan vasco de contingencia energética, Martínez ha afeado que la consejera vasca Arantza Tapia insista en hacer a la ciudadanía pagana de la incompetencia del gabinete Urkullu, su incapacidad para adelantar escenarios previsibles tras iniciarse la invasión rusa de Ucrania y tomarse medidas desde la UE contra Rusia.
En este sentido, ha considerado muy poco razonable que desde el Gobierno Vasco se aconseje a la ciudadanía la forma de conducir, la temperatura del agua de la ducha, el tipo de tejido a utilizar en cada época del año o los sombreros más adecuados para protegerse del sol, al tiempo que condena a los vascos a “veranos asfixiantes e inviernos gélidos”.
A juicio de Amaia Martínez, las diferentes administraciones españolas, las vascas entre ellas, deberían haber apostado por la soberanía energética desde hace años, por la construcción de un modelo de país, de España, también desde el punto de vista de la energía.
Así, ha recordado que el PNV, siempre aliado del PSE, cedió al chantaje de ETA y renunció al proyecto de central nuclear de Lemóniz, como animó al cierre de la de Garoña y promovió la renuncia al fracking como forma de extracción del gas presente en el subsuelo alavés “mientras compra energía procedente de centrales nucleares francesas y gas extraído con fracking en Estados Unidos, al tiempo que rechaza aquí la energía nuclear y la considera “verde” en la Unión Europea.
Amaia Martínez ha defendido la sensatez y mayoría de edad de la sociedad española a la hora de tomar decisiones también en lo que al consumo energético se refiere, que pueda hacerlo en libertad y sin estar condicionados por instituciones, como el Gobierno Vasco, que han demostrado una absoluta incapacidad para anticipar problemas, además de una total irresponsabilidad al exigir a la ciudadanía pagar por sus errores e incompetencia.
