Amaia Martínez, parlamentaria vasca de VOX, ha lamentado hoy que el Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos hayan acordado rebajar a los 18 años la edad mínima de las personas potencialmente perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos en País Vasco por entender que “desincentiva entre los más jóvenes la búsqueda de un empleo al ofrecerles la opción de vivir de rentas públicas”.
En la actualidad, esa edad mínima se sitúa en los 23 años, una situación que cambiará cuando la referida ley sea aprobada en el Parlamento Vasco y que generalizará la percepción de ayuda por parte de jóvenes en situación de vulnerabilidad una vez hayan cumplido los 18 años, algo que el marco legal actual sólo reconoce a quienes cumplan dicha edad en centros de acogida, sean víctimas de trata o de agresión sexual, entre otras opciones.
Amaia Martínez ha confesado temer que “este tipo de acuerdos amplíen aún más la desconexión existente entre el Sistema de Garantía de Ingresos y el mercado laboral al desincentivar la búsqueda de empleo entre quienes deberían tener ese como su principal objetivo al alcanzar la mayoría de edad”.
Precisamente hoy VOX ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Servicio vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, fundamentada, entre otras cosas, en la escasa conexión entre el sistema y le mercado laboral, “algo que prueban los hechos: 4 de cada 10 perceptores de la RGI lo es desde hace 6 años, el 15% desde hace 10”.
Amaia Martínez ha justificado su enmienda también en la nula disposición de los promotores de luchar contra el fraude en la percepción de ayudas. Es más, “han habilitado la fórmula de la declaración responsable para la concesión rápida de dichas ayudas, que viene a ser algo así como confiar plenamente en la palabra de los solicitantes, algo que en ningún caso debería hacer la administración”.
Ha recordado que en el pasado ejercicio fueron al menos 24 los millones de euros pagados y cobrados de forma indebida, montante del que la administración sólo ha recuperado 9 millones. En este sentido, ha recalcado la necesidad de que el Gobierno reconozca que tales situaciones se producen, para después tomar las medidas necesarias… “entre ellas mejorar la coordinación de Lanbide con la Ertzaintza para prevenir casos e identificar a defraudadores”.
Martínez ha recalcado que VOX no está en contra de un sistema de garantía de ingresos, sí de la existencia de 17 sistemas diferentes en territorio nacional, “es decir, nuestra apuesta es la de un sistema nacional que garantice idénticos criterios de acceso en todo España, que nos permita avanzar hacia la igualdad entre todos los españoles”.
Y ha querido dejar claro que “ni estamos en contra de la RGI ni del Ingreso Mínimo Vital, siempre que sean consideradas ayudas excepcionales para momentos especiales. Sin embargo, el proyecto de ley enmendado reconoce estas prestaciones como indefinidas, lo que acentúa el riesgo de perpetuar ayudas, convirtiéndolas en una suerte de sueldo vitalicio sin contrapartida alguna”.
Por último, ha recordado que VOX recurrió ante el Tribunal Constitucional la transferencia la gestión del IMV al Gobierno por entender que suponía la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Amaia Martínez entiende que “la prudencia aconseja esperar a la sentencia definitiva”, pese a lo cual su gestión está incluida en el proyecto de Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.
