La diputada del Grupo Parlamentario VOX, Ana Bellver, ha explicado las enmiendas presentadas por el GP VOX al proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 en materia de medio ambiente. Por un lado, ha hecho referencia a una de ellas destinada al «mantenimiento y mejora de los cotos de caza de la Comunidad Valenciana, con una nueva línea de ayudas de 500.000 euros.»
«Con esta iniciativa, VOX reconoce la labor que desempeñan los gestores de los cotos de caza en la conservación del entorno rural y en la prevención de daños agrícolas y riesgos derivados de la sobrepoblación de determinadas especies. Para ello, se plantea apoyar económicamente las actuaciones que se basen en la protección de la biodiversidad, la sostenibilidad del medio rural y la continuidad de esta actividad.»
Por otro lado, Bellver ha hecho referencia a otras de las enmiendas presentadas por el GP VOX para «apostar por la soberanía energética y la inversión en redes eléctricas y así favorecer la reindustrialización en la Comunidad Valenciana. El objetivo es dotar a la Comunidad Valenciana de una política energética basada en la seguridad en el suministro, la independencia estratégica y la reducción de los costes energéticos que soportan empresas y sectores productivos, esto si es apostar por nuestro tejido industrial.»
Ana Bellver ha hecho hincapié en que esta nueva estrategia «debe asentarse sobre un mix energético sólido, equilibrado y tecnológicamente estable, que aproveche todas las fuentes de energía disponibles, sin excluir, por cuestiones ideológicas, aquellas que resultan esenciales para garantizar un suministro estable.»
«Tener una red eléctrica adaptada a las necesidades actuales y futuras es esencial para la implantación de nuevas actividades industriales, ampliar las ya existentes y desarrollar nuevos sectores productivos.»
En este sentido, la diputada ha mencionado otra de las enmiendas que pretende «reducir el presupuesto del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Es difícilmente justificable que se destinen recursos públicos a financiar estructura cuya actividad se centra en el estudio del cambio climático y que justifique el aumento del gasto público, mayores trabas para los agricultores, ganaderos, industrias y familias.»