Todo eslabón de la cadena agroalimentaria pretende siempre vender los productos de los agricultores a un precio que reporte el máximo beneficio para sí mismo dentro de una economía de mercado. Sin embargo, son los grandes operadores de la distribución, dentro de un mercado global regulado por las normativas de la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio, los que establecen los precios en toda la cadena de valor y hemos sido esta campaña observadores de las manifestaciones del sector primario en diversos puntos de la geografía española, como protesta por los bajos precios que los agricultores y ganaderos han estado percibiendo en determinados periodos.
Esta volatilidad de los precios que está ocurriendo en España es consecuencia fundamentalmente de los acuerdos bilaterales de asociación y libre cambio que la UE tiene con los países de la ribera sur del mediterráneo y otras zonas productoras que participan con precios competitivos, además del acuerdo multilateral de la Organización Mundial del Comercio y de que los grandes operadores que conforman el oligopolio en destino siguen aumentando su cuota de poder en los mercados en origen.
Demostrado que los contratos alimentarios actuales, en vigor desde 2013, no han corregido por sí mismos los desequilibrios existentes en la cadena y condicionado por la presión de las Organizaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura de este gobierno actual ha llevado a cabo ciertas modificaciones de la regulación de las prácticas comerciales.
Pero fruto de la precipitación y su ineptitud, este Ministerio publica el Real Decreto-ley 5/2020 por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, y que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, llevando a la incertidumbre el futuro de las explotaciones agrarias, como lo demuestra el desánimo entre los agricultores, origen de una próxima convocatoria de reunión de determinadas asociaciones de agricultores para planificar acciones contra la ineficaz gestión del gobierno en materia agraria.
La medida, incluida en el Real Decreto, de prohibir la venta a pérdidas y de aplicar los costes de producción en los contratos a celebrar entre el primer comprador al agricultor y sus clientes, y de imponer que el precio no podrá ser en ningún caso inferior al que la empresa haya pagado al productor, no están obligadas a asumir las cadenas de distribución porque es de aplicación únicamente en España. Debería, por tanto, haber una regulación única para toda la UE, que prohíba prácticas abusivas y que garantice la igualdad de condiciones para todas las operaciones comerciales en la UE.
Por otro lado, la nueva redacción establece que, en los contratos alimentarios del primer operador con los agricultores, hay que recoger expresamente el coste de producción que, según el producto, tiene el agricultor. Así mismo, con Indicación expresa la mención de que el precio pactado entre el productor y la empresa, su primer comprador, cubra los costes de producción.
El Ministerio no ha comunicado si publicará referencias públicas de costes o dejará que los agricultores justifiquen sus costes medios de producción y da a entender que desconoce el funcionamiento de los mercados puesto que nuestros operadores venden a diferentes precios según los distintos destinos, atendiendo a las variaciones diarias para cada especie, tipo de producto, categoría, variedades comerciales, calibres y calidades, así como que existen explotaciones con diferentes costes medios de producción según tecnología aplicada y parámetros anteriores.
En el caso hipotético que este considerase los costes medios que se indican, por ejemplo, en el documento «Evaluación de la campaña 2018/2019» del Observatorio de Precios y Mercados que publica la Junta de Andalucía, como precios mínimos a incluir en los contratos alimentarios, estos resultarían por encima de sus cotizaciones en determinados periodos, resultando por ejemplo que el pimiento no podría haberse vendido en origen durante prácticamente el mes de abril de 2018; el pepino tipo «Almería» no hubiera cumplido los contratos durante muchos días de diciembre de 2018; la berenjena hubiera tenido problemas de comercialización durante las primaveras y veranos de estas 3 últimas campañas; el tomate quedaría sin vender en abril y diciembre de 2018, como en mayo de 2017; el precio del calabacín tampoco cubriría esos costes mínimos durante los meses de septiembre y las primaveras de las últimas campañas y el melón tendría que sufrir retiradas del mercado a partir de mediados de junio, casi con seguridad todos los años.
La mayoría de los agricultores asumen, hasta cierto punto, determinados bajos precios durante toda la campaña como consecuencia de periodos de sobreoferta y del carácter perecedero de estos productos, para poder optar a ventajosas cotizaciones puntuales que les permitan obtener beneficios empresariales a final de campaña porque lo que realmente les importa es la cotización media de todo el ciclo de cultivo. A partir de ahora tendrán preferencia de venta los que tengan costes más bajos, porque hasta entonces las explotaciones con costes superiores podían vender bajando puntualmente sus precios para luego compensar en otros periodos de cotizaciones superiores.
Tras el comienzo de la aplicación de la norma si los periodos de bajas cotizaciones en pizarra coinciden con plantaciones cerca del final del cultivo el agricultor optará por el arranque y fin de su plantación. En esos momentos de presión a la baja de la oferta no solo disminuirían los beneficios medios del agricultor español porque dejarían de tener salida al mercado sino porque, lo que es esperable, tras varios días sin levantar las cotizaciones, a los agricultores se les incrementarán considerablemente sus costes de explotación con los gastos de levantamiento transporte a vertedero de sus cosechas. Este excedente no acabará en la cesta de la compra.
El peor de los escenarios llega cuando el periodo de bajos precios coincide con plantaciones jóvenes en las que se han destinado elevados gastos de explotación, que aumentarían con las retiradas de producto a plantas de recogida y destrucción, sin obtener remuneración alguna, lo que llevaría consigo poner en peligro la viabilidad económica de determinadas explotaciones.
En base a esta situación de mercados y competencia desleal el distribuidor e importador europeo, debido a la aplicación de esta ley, irá formalizando el cierre de contratos y programas con productores de terceros países, cuyos precios de venta son más competitivos ya que sus explotaciones gozan de menores costes de producción que las de España como consecuencia del empleo de mano de obra más barata y menores exigencias fitosanitarias y de sostenibilidad medioambiental que las de Europa. Las cadenas europeas comprarán en el exterior cuando el precio caiga por debajo del coste de producción en España.
Esto provocará la destrucción de alimento y progresivamente nuevos ajustes de equilibrio de las curvas de oferta y demanda con tendencias a la baja de las cotizaciones del producto interior y la exclusión de las producciones españolas de los mercados internacionales en favor de los países terceros y de otros países como Holanda, porque no le es de aplicación la Ley de Cadena española.
El producto español se irá quedando sin vender sustituido por el del exterior. A medio plazo tendríamos la desaparición paulatina de explotaciones agrarias y el debilitamiento de las poblaciones agrarias que dan trabajo y bienestar en la España rural. Este efecto será una continuación de lo que, en los últimos años, está sucediendo con las sustituciones del tomate y el calabacín españoles por las producciones magrebíes como ocurrió con la judía almeriense.
Por el contrario, VOX apuesta por el futuro de la actividad agroganadera española y la política agraria debiera contar con medidas eficaces que refuercen la aplicación del principio de preferencia comunitaria. La UE debiera revisar los acuerdos de la Unión Europea con terceros países para que no actúen como competencia desleal ya que ni siquiera cumplen las mínimas condiciones sociolaborales.
Ante todo, reforzar los Puntos de Inspección Fronteriza para restaurar los certificados de importación, certificados fitosanitarios frente a plagas y enfermedades, conocer exactamente los volúmenes que están entrando, los cupos rebasados por terceros países y las tasas arancelarias pagadas al objeto de actualizar, en su caso, los contingentes permitidos que eviten la sobreoferta y los precios mínimos de entrada de producto extracomunitario, para gravar arancelariamente a los productos procedentes de países terceros e igualar costes de producción cuando estos acceden al mercado de la UE por debajo de los umbrales fijados, y que se tengan en cuenta los calendarios de producción europea ya que, por ejemplo, el de Marruecos, cada vez es más coincidente con la producción española. Llegado el caso necesario se haría aplicación de la cláusula de salvaguardia.
Además, se debe hacer una rigurosa evaluación para determinar el número de análisis de residuos fitosanitarios a realizar a los productos importados de países terceros para que cumplan los mismos estándares de calidad y sanidad que se exigen en la UE.
Se debería impulsar otras medidas tendentes a mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos y del tejido agroindustrial y fortalecer nuestra posición negociadora, como el fomento del I+D+I en el sector alimentación, ayudas para campañas de promoción en los países clientes y para la apertura de nuevos mercados, elevar a la UE la necesidad de reabrir los mercados de Rusia y EEUU, así como apostar por la bajada de impuestos en el mundo rural e incrementar la dotación en los Presupuestos Generales del Estado en materia de seguros agrarios frente a riesgos climatológicos.
En cambio, se han atrevido con esta política de intervención del mercado interno imponiendo un precio mínimo en origen, que lejos de ayudar al sector primario español lo que van a conseguir es el efecto contrario orientando la gestión de compras de los distribuidores europeos hacia otros países, provocando la destrucción del tejido agroalimentario español.
En conclusión, apuesto por la defensa de unos precios justos para mejore el funcionamiento de la cadena alimentaria, pero la obligatoriedad al primer operador a vender, en todo momento, todos los productos agrarios por encima de costes de producción no es la solución efectiva a la baja rentabilidad del agro español. La producción española debiera ser lo primero.
Francisco José Díaz Granados. Ingeniero Agrónomo y coordinador de VOX distrito El Ejido.
