Benito Morillo, portavoz de VOX en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior, advertido ante el consejero Elías Bendodo la «presencia del yihadismo más radical» en Andalucía.
En su intervención, Benito Morillo ha explicado cómo durante la presente legislatura hemos visto como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedían en diferentes operaciones a la detención de individuos a los que se les imputaban delitos relacionados con el terrorismo yihadista en suelo andaluz. El parlamentario jienense ha puesto como ejemplos la detención en Málaga el pasado 22 de octubre de 2021 de dos personas de origen marroquí y español nacido en Melilla, en el Barrio de las Lagunillas en pleno centro de la ciudad; también la detención el pasado 23 de diciembre de 2021 en Sevilla de un ciudadano pakistaní acusado de difundir ideología terrorista en la región, y militante de una organización extremista asentada en Pakistán, altamente intolerante sobre asuntos subjetivamente contrarios al Islam, pidiendo la ejecución de todos aquellos blasfemos; por último, la detención más reciente, que tenía lugar el pasado 21 de enero del presente año, de un ciudadano sobre el que no se especifica la nacionalidad, al que se le imputan los delitos de captación y adoctrinamiento terrorista.
Benito Morillo ha advertido que «el gran problema que representa la inmigración ilegal y la ineficacia de los instrumentos regulatorios en la materia» son «dos variables altamente interrelacionadas entre sí que afectan a nuestra seguridad pública» y que explican en gran parte la presencia del yihadismo en Andalucía.
VOX viene exigiendo la implementación de un «marco regulatorio eficaz y firme que establezca única opción» una inmigración legal, controlada, adaptada a las necesidades de nuestra nación y con capacidad y voluntad de adaptación.
Por ello, Benito Morillo ha demandado a las administraciones territoriales que «promuevan» la expulsión inmediata de todos aquellos inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación, así como el endurecimiento y la persecución de las mafias que fomentan la inmigración ilegal en origen, la condena de aquellas organizaciones sin ánimo de lucro o particulares que faciliten en nuestro territorio el acceso de la inmigración ilegal; el cese inmediato de las ayudas o beneficios económicos a los inmigrantes ilegales y un viraje de las políticas en la materia que se emplean sobre los menas.
Morillo acusado al Gobierno de España y también al de la Junta de Andalucía de emprender políticas que «constituyen una verdadera quiebra a nuestra soberanía y por ende suponen un acceso sumamente fácil para el acceso fuera de todo tipo de control estatal de individuos potencialmente peligrosos para la seguridad nacional».
«No podemos olvidar mencionar que instrumentos como la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025 no hace más que fomentar el efecto llamada, y con ello no solo condenar a esos individuos desesperados y engañados a una vida aún peor dentro de nuestras fronteras, sino también a los ciudadanos españoles y todos aquellos inmigrantes que residen de forma legal en nuestra nación», ha concluido.