El concejal y candidato de VOX a la alcaldía de Burriana, Juan Canós, ha afirmado hoy, tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el acuerdo de 2019 que devolvió la condición de agente urbanizador a la empresa que hasta 2016 gestionaba el proyecto del PAI Sant Gregori, pese a que durante 10 años (de 2006 a 2016) ni siquiera inició los trabajos.
El TSJCV, ahora, y como lleva denunciando VOX durante toda esta legislatura, argumenta que “se infringe el principio de libre concurrencia en la contratación administrativa”.
Ante estos hechos tan relevantes, Juan Canós ha afirmado hoy, ante la prensa, que “VOX siempre ha estado a favor del PAI, siempre que hubiese garantías financieras y jurídicas; cosa que, por desgracia, no se ha dado durante todos estos cuatro años”.
“Hemos denunciado hasta la saciedad todas las irregularidades que hemos ido detectando en temas de certificación o en incumplimientos de plazos. Un montón de irregularidades que iba haciendo el agente urbanizador, pero aquí nadie decía nada, todo el mundo se ponía de perfil. Cuanto más lo denunciábamos más se reía el Gobierno de izquierdas”, ha explicado.
Y ha añadido: “Este jueves, en el debate de Burriana TV, cuando saqué el tema del PAI Sant Gregori, la alcaldesa se vanaglorió y dijo que hasta la fecha se habían ganado todos contenciosos; pues ahora le digo yo que se habían ganado hasta ayer”.
Respecto a las consecuencias de la sentencia del TSJCV, Canós ha indicado que “ahora mismo es difícil de valorarlas, pero posiblemente haya un aluvión de demandas patrimoniales. No debemos olvidar que el Ayuntamiento tiene un 10% de participación en el PAI Sant Gregori”.
El alcaldable de VOX ha avanzado que “VOX asumirá la responsabilidad para que los verdaderos culpables de esta supuesta trama urbanística tengan que asumir todas las responsabilidades que marque la ley. Me estoy refiriendo a todos los concejales que votaron a favor de la devolución de condición agente urbanizador de la empresa”.
Y ha especificado: “No han contemplado la Ley de Contratos del Estado, legislación a la que yo he hecho referencia durante estos cuatro años de legislatura, porque no hubo pública concurrencia, y también porque el convenio transaccional, o que supuso fue una modificación muy grande a las condiciones de contratación que se habían establecido años antes, sobre todo por el tema de los plazos de ejecución”.
“Hay una investigación importante de la Agencia Valenciana Antifraude, que hizo una serie de recomendaciones, sobre todo en cuanto al abuso de contratación para sustituir informes de los técnicos municipales, que son los fedatarios públicos y los que defienden el interés general. La cuestión es que se incumplió eso”, ha detallado.
“El equipo de Gobierno tampoco ha reclamado al agente urbanizador los 21 millones de euros que la Agencia Valenciana Antifraude consideraba que debía pagar por los retrasos”, ha lamentado.
Y ha sentenciado: “No vamos a permitir que ninguna empresa, ni ningún equipo de Gobierno, arruine Burriana”, para concluir: “Queremos que se aplique la ley, la justicia, que es lo que hemos venido defendiendo desde que estamos aquí”.
